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Incautan 46 millones de fármacos ilegales por RD$531 millones

Incautan 46 millones de fármacos ilegales por RD$531 millones

Un operativo coordinado por la Mesa de Ilícitos, liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), desmanteló una red criminal dedicada al almacenamiento y comercialización de fármacos ilegales en Santo Domingo Este, incautando cerca de 2,200 cajas con un total de 46,957,123 unidades valoradas en RD$531,993,450.00. El hallazgo expone la magnitud de un mercado clandestino que operaba a plena vista, con productos que representaban una amenaza directa para la salud de miles de dominicanos.

Lo que revela el operativo: fármacos ilegales en una vivienda de dos niveles

La red utilizaba una vivienda de dos niveles ubicada en el sector Los Tres Ojos, en Santo Domingo Este, como punto central de almacenamiento. El volumen de la mercancía decomisada obligó a movilizar dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas para trasladar el decomiso, lo que da cuenta de la escala industrial con la que operaba la organización criminal.

Entre los productos confiscados se identificaron fármacos vencidos, falsificados, adulterados y sin registro sanitario, además de insumos médicos de uso cotidiano. La variedad del inventario ilegal incluía:

  • Guantes, mascarillas y batas médicas
  • Jeringas y fajas ortopédicas
  • Medicamentos sin registro sanitario
  • Fármacos adulterados y falsificados
  • Productos con fecha de vencimiento expirada

Los operativos se extendieron también al sector Los Frailes II, también en Santo Domingo Este, consolidando una acción de amplio alcance territorial que involucró a múltiples instituciones del Estado.

Las instituciones detrás del golpe al comercio ilícito

La operación no fue un esfuerzo aislado. El respaldo institucional que la hizo posible refleja el nivel de coordinación que el Estado dominicano ha construido en torno a la persecución del comercio ilegal de productos regulados. Participaron de forma activa:

  • Procuraduría General de la República (PGR)
  • Dirección Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional (DINTEL)
  • Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
  • Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM)

El ministro Yayo Sanz Lovatón fue enfático al señalar que la incautación no marca el final del proceso, sino el inicio de un seguimiento judicial sostenido. “Los organismos que forman parte de la Mesa de Ilícitos no solo procederán a la incautación de mercancías ilegales, sino que también darán seguimiento a cada caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó, subrayando que se trata de nuevas estrategias y un mayor esfuerzo institucional contra este problema.

La comercialización de estos fármacos ilegales bajo condiciones de contrabando implicaba una doble afectación: por un lado, una grave amenaza para la salud pública al poner en circulación productos sin garantías sanitarias; por otro, una evasión fiscal que perjudicaba directamente al Estado dominicano.

El marco legal que sustenta la persecución del tráfico de fármacos ilegales

La operación se enmarca en dos pilares legislativos fundamentales. La Ley No. 42-01, General de Salud, y la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados son las normas que tipifican las conductas detectadas y habilitan las sanciones correspondientes.

Fue precisamente la Ley 17-19 la que estableció la Mesa de Ilícitos coordinada por el MICM, concebida como un mecanismo de articulación interinstitucional para erradicar el contrabando, la adulteración y la falsificación de productos que afectan tanto a consumidores como al sector productivo. A este andamiaje se sumó el Decreto núm. 405-22 del Poder Ejecutivo, que creó el Consejo Público-Privado de Combate al Comercio Ilícito, con el propósito de alinear estratégicamente a todas las entidades involucradas en esta lucha.

El decomiso de casi 47 millones de unidades de fármacos ilegales en una sola operación no solo evidencia la capacidad operativa del Estado, sino también la profundidad del problema que enfrenta el sistema de salud dominicano cuando el mercado informal de medicamentos opera sin controles ni consecuencias.

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