By TL;DR: La Junta Central Electoral cambió nuevamente el criterio para el orden de los partidos en la boleta electoral tras una intervención del TSE, modificando también la distribución del financiamiento público entre partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana ha variado nuevamente el criterio para el orden de los partidos políticos en la boleta electoral, tras una reciente intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE). Esta decisión impacta directamente en la distribución de los recursos del financiamiento público asignados a los partidos.
Cambios recientes en el criterio para el orden de partidos
Recientemente, el TSE modificó el criterio utilizado por la JCE para establecer el orden de los partidos en la boleta y la distribución de recursos. En vez de aplicar la regla anterior —basada en el nivel de elección con mayor votación—, el tribunal dispuso que se aplique el principio del promedio. Esta medida difiere de la implementada tras las elecciones de 2020, que se basaba en la fórmula utilizada de 2016 a 2020.
Argumentos y resoluciones anuladas por el TSE
- Periodo electoral: El TSE indicó que el ciclo electoral debe entenderse como un periodo de cuatro años, anulando la interpretación de considerar las elecciones de mayo como un único evento.
- Resoluciones afectadas: La decisión del TSE deja sin efecto la resolución 7-2025, que categorizaba a las organizaciones políticas para el financiamiento público, y la resolución 8-2025, que regulaba la distribución de los recursos.
Desafíos legislativos y competencia de los tribunales
El TSE ha resaltado la importancia de un análisis objetivo sobre la participación de los partidos para reflejar su auténtica fuerza electoral y evitar clasificaciones arbitrarias. Desde la instauración del financiamiento estatal, el orden en la boleta electoral ha sido motivo constante de disputa, con cambios recurrentes impulsados por decisiones judiciales.
Asimismo, tanto la Ley Electoral 20/23 como la Ley de Partidos Políticos 33/18 carecen de una guía clara para determinar el orden de los partidos en la boleta y la distribución de ayudas económicas, lo que genera inquietudes sobre la competencia de los tribunales en esta materia. El Tribunal Constitucional ha señalado que el Tribunal Superior Administrativo es el ente competente para dirimir estos conflictos.
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