By El Gobierno dominicano ha puesto sobre la mesa una de las medidas más polémicas de su plan de austeridad: recortar a la mitad el presupuesto destinado a los partidos políticos. La propuesta, anunciada este jueves, forma parte de un paquete de ajustes fiscales orientados a generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones frente al impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía nacional.
Lo que reveló el Consejo de Ministros número 57
El presidente Luis Abinader, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, presidió el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Nacional. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de estrategias para blindar la economía dominicana ante las turbulencias generadas por el conflicto en Medio Oriente, cuyos efectos ya se sienten en los mercados internacionales de energía y comercio.
Fue José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, quien detalló el alcance de las medidas. Según explicó, el Gobierno actuará sobre dos frentes: respetar los compromisos ya formalizados y revisar aquellas apropiaciones presupuestarias que aún no han sido comprometidas, ajustándolas conforme a las prioridades nacionales. El objetivo es contener y eficientizar el gasto público sin paralizar la gestión del Estado.
Las medidas que afectan a los partidos políticos y al gasto público
El paquete de austeridad presentado por Rijo Presbot abarca múltiples frentes del gasto estatal. La reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos es, sin duda, la medida que mayor debate generará, pero no es la única. Entre las acciones anunciadas se encuentran:
- Reducción de gastos operativos en las instituciones del Estado.
- Limitaciones en la adquisición de nuevos vehículos oficiales.
- Disminución del presupuesto destinado a reparaciones y mantenimiento.
- Racionalización de servicios y contrataciones públicas.
- Recorte del 50% del presupuesto a los partidos políticos.
- Reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de autofinanciamiento.
Este último punto resulta especialmente significativo: el Gobierno apunta directamente a entidades que, en teoría, pueden sostenerse con sus propios ingresos, lo que reduce el impacto social del ajuste al tiempo que libera recursos para prioridades estratégicas. La lógica detrás del plan es clara: el Estado no puede seguir financiando a la misma escala estructuras que tienen margen para generar sus propios recursos.
En conjunto, las medidas reflejan una apuesta por la disciplina fiscal en un contexto de incertidumbre global. La propuesta de recortar el financiamiento a los partidos políticos envía además una señal simbólica: el ajuste no excluye a los actores del sistema político, lo que podría fortalecer la credibilidad del plan ante la ciudadanía. El seguimiento a la implementación de estas medidas, y la respuesta de las organizaciones partidarias afectadas, marcará el pulso político de las próximas semanas. Más información sobre la gestión presupuestaria del Estado dominicano está disponible en el sitio oficial de la Dirección General de Presupuesto.
