By El presidente Luis Abinader ordenó la suspensión del proyecto de construcción de un vertedero en La Cuaba, comunidad del municipio de Pedro Brand, en respuesta directa a los reclamos de residentes y dirigentes comunitarios que durante semanas han defendido su territorio y exigido protección para el medioambiente de la zona. La decisión marca un punto de inflexión en una disputa que había escalado hasta las más altas esferas del gobierno.
Lo que desencadenó la decisión presidencial
El anuncio se produjo en el marco de una reunión liderada por Deline Ascensión, con la participación de dirigentes y representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio. Fue durante ese encuentro cuando Abinader se comunicó telefónicamente con Ascensión para informarle sobre la suspensión del proyecto y autorizarle a divulgar públicamente el anuncio. El gesto —una llamada directa del mandatario en medio de una reunión comunitaria— subrayó el peso político que había adquirido la movilización ciudadana en torno al vertedero en La Cuaba.
La oposición de los habitantes no surgió de forma espontánea. Desde que trascendió el proyecto, los residentes de La Cuaba articularon una respuesta organizada, señalando los riesgos ambientales y sanitarios que implicaría instalar un vertedero en su territorio. Sus argumentos giraron en torno a tres ejes fundamentales:
- La protección de los recursos naturales de la región.
- El derecho de la comunidad a vivir en un entorno saludable.
- Las consecuencias sociales y ambientales a largo plazo para Pedro Brand.
Esa presión sostenida mantuvo el asunto en la agenda pública y, finalmente, llegó a oídos del Ejecutivo con suficiente fuerza como para revertir una decisión de infraestructura ya en marcha.
El vertedero en La Cuaba y lo que esperan los residentes ahora
La suspensión presidencial es celebrada por la comunidad, pero los residentes son conscientes de que un anuncio verbal —aunque provenga del propio jefe de Estado— no equivale a una resolución definitiva. Por eso, la atención de los habitantes de La Cuaba se desplaza ahora hacia los canales oficiales: esperan que la decisión se formalice mediante los mecanismos institucionales correspondientes y que se abra un proceso de diálogo que ofrezca una solución permanente a sus demandas.
El caso de Pedro Brand se inscribe en un patrón más amplio de movilizaciones ciudadanas en la República Dominicana que han puesto el medioambiente en el centro del debate político. Comunidades de distintas regiones del país han recurrido a la presión organizada para frenar proyectos que consideran lesivos para sus territorios, con resultados variables. En esta ocasión, la respuesta del gobierno llegó con relativa rapidez, lo que los propios dirigentes comunitarios atribuyen a la constancia de sus gestiones y a la visibilidad que lograron darle al conflicto.
El Poder Ejecutivo no ha emitido hasta el momento una comunicación oficial escrita sobre la suspensión del vertedero en La Cuaba, por lo que la comunidad permanece en alerta hasta que el compromiso adquiera forma documental. Lo que sí quedó claro con este episodio es que la presión ciudadana organizada sigue siendo una herramienta efectiva frente a decisiones que afectan directamente la calidad de vida de los dominicanos.
