By El empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del ex presidente Danilo Medina, ha suscrito un acuerdo de criterio de oportunidad con el Ministerio Público, homologado por un juez de instrucción. Este compromiso obliga a Montilla a proporcionar testimonio clave sobre los implicados en un presunto fraude millonario que afectó a las empresas distribuidoras de electricidad en la República Dominicana.
Detalles del acuerdo entre Maxy Montilla y la Procuraduría
El acuerdo de colaboración contempla la cooperación activa de Montilla en la investigación de una red de corrupción que, según las autoridades, operó en perjuicio del Estado dominicano. Como parte del convenio, Montilla entregará 2,000,000 de pesos en efectivo y 1,082,717,999 pesos dirigidos a indemnizaciones, además de la expropiación de un terreno. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ha resaltado la importancia de la información que Montilla ya ha proporcionado para el avance del caso.
Empresas asociadas al caso de corrupción
- Disolución de empresas: Montilla deberá disolver, en un plazo de dos años, compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción. Entre ellas se destacan Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa NS, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales y Watmax Lighting.
Implicación de exfuncionarios y alcance de la investigación
La denuncia, presentada en 2021, señala un supuesto fraude mayor a 20,000 millones de pesos y menciona a varios exfuncionarios vinculados al sector eléctrico, incluidos Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez y Julio César Correa. El testimonio de Maxy Montilla promete ser determinante para esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades en el caso, en el que figuran destacados miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La resolución final del acuerdo se conocerá a finales de este mes, manteniendo en vilo tanto al ámbito político como al judicial y generando gran expectación sobre las posibles consecuencias legales y administrativas.
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