By La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha dado su respaldo formal a un proyecto de ley que propone ampliar a 24 meses el plazo de entrada en vigencia de los artículos sobre el régimen penal empresarial contenidos en el Código Penal dominicano. La posición del gremio llega en un momento crítico: el actual período de vacatio legis vence el 5 de noviembre, y el sector empresarial advierte que tres meses son insuficientes para adaptarse a los nuevos estándares de cumplimiento.
La iniciativa que sacude al sector empresarial dominicano
El proyecto fue presentado ante el Senado de la República por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y coincide con las propuestas que ANJE ha venido articulando desde 2025. La organización sostiene que el régimen penal empresarial, tal como está planteado en su cronograma actual, no ofrece el tiempo ni las herramientas necesarias para que las empresas —especialmente las Mipymes— puedan cumplir con las nuevas obligaciones sin caer en infracciones involuntarias.
El argumento central de ANJE no es resistencia al cambio normativo, sino la exigencia de condiciones mínimas para implementarlo con rigor. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan la columna vertebral del tejido productivo nacional, y una transición abrupta podría generar un incumplimiento masivo que afecte tanto a los empresarios como a la credibilidad del propio sistema de justicia.
Lo que revela la posición de ANJE sobre el régimen penal empresarial
Boris De León Reyes, presidente de ANJE, fue enfático al despejar cualquier lectura de evasión: las empresas no buscan escapar del nuevo marco legal, sino cumplirlo con certeza jurídica. Esa distinción es clave. El gremio no pide que se elimine el régimen, sino que se garanticen dos condiciones fundamentales: claridad en la norma penal y un tiempo razonable de preparación.
En esa línea, ANJE también ha dirigido un llamado directo a las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para que desarrollen programas de capacitación y modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada empresa. La propuesta reconoce que no todas las organizaciones tienen la misma capacidad de respuesta ante una reforma de esta envergadura.
- Ampliación del plazo de vacatio legis a 24 meses
- Desarrollo de programas de capacitación para Mipymes
- Modelos de cumplimiento ajustados al tamaño y riesgo empresarial
- Diálogo intersectorial para una implementación ordenada
- Prioridad legislativa antes del vencimiento del plazo el 5 de noviembre
El Congreso, bajo presión para actuar antes del vencimiento
ANJE ha lanzado un llamado urgente al Congreso Nacional para que priorice el conocimiento de esta iniciativa antes de que expire el plazo establecido por la Ley núm. 44-26. La advertencia es concreta: si el legislativo no actúa a tiempo, el resultado podría ser un incumplimiento generalizado en el sector empresarial, con consecuencias legales y económicas difíciles de revertir.
Más allá de la urgencia inmediata, la organización propone aprovechar el período extendido para construir un diálogo intersectorial que permita ajustar la implementación del régimen penal empresarial de manera ordenada y segura. La idea es que la ampliación del plazo no sea simplemente una prórroga, sino una oportunidad real para que el Estado, el sector privado y las instituciones de justicia alineen criterios y herramientas antes de que la norma entre en plena vigencia. Más información sobre el marco normativo vigente puede consultarse en el portal oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
