By Bolivia sacudió sus propias estructuras institucionales cuando la policía detuvo al fiscal general Roger Mariaca y a otras 13 personas bajo acusaciones de proteger a narcotraficantes. El operativo, ejecutado sin orden judicial según confirmó el fiscal antidrogas Miguel Gonzales, marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país andino y envía una señal inequívoca sobre el alcance de la purga que impulsa el nuevo gobierno conservador.
Lo que reveló el arresto del fiscal general
Mariaca fue nombrado para un mandato de seis años en 2024, durante la administración del anterior gobierno socialista del Movimiento al Socialismo (MAS). Su detención no llegó sola: las autoridades hallaron en una ambulancia que salía de su residencia 3,53 millones de bolivianos —aproximadamente 294.000 dólares— en fajos de efectivo provenientes de extorsiones, además de otros 10.000 dólares en el interior del vehículo. El hallazgo convirtió lo que podría haber sido una detención discreta en una demostración pública del nivel de corrupción que el gobierno asegura haber desmantelado.
El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, fue directo al describir lo ocurrido: según sus palabras, se ha desarticulado una organización criminal enquistada dentro del propio sistema judicial boliviano. Mariaca enfrentará cargos por blanqueo de capitales y narcotráfico. Hasta el momento, el exfiscal no ha emitido declaraciones sobre su arresto, aunque en el pasado rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificándolas de manipulación política.
El caso Marset y la sombra sobre el sistema judicial
El operativo no puede entenderse sin un antecedente que lo precede y lo explica. En 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal jefe en Santa Cruz, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue puesto en libertad y se le devolvieron sus bienes incautados. Marset fue finalmente arrestado en Bolivia en marzo de este año y extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales. Ese episodio, ahora bajo la lupa judicial, es uno de los ejes centrales de la investigación contra el exfiscal general.
Entre los otros 13 detenidos figuran dos fiscales que también fueron objeto de sanciones estadounidenses impuestas recientemente, medidas que afectan a más de una docena de funcionarios en toda Sudamérica. Las restricciones de visado impuestas por Washington a Mariaca y a otros altos funcionarios bolivianos por presuntos actos de corrupción precedieron al operativo y, según analistas, funcionaron como una señal coordinada entre ambos gobiernos.
Bolivia y EE. UU. recomponen su alianza contra el narcoterrorismo
El contexto político es inseparable de los hechos. El presidente Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del MAS de Evo Morales. Desde entonces, su gobierno ha estrechado vínculos con Washington y ha reanudado la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), agencia que fue expulsada por Morales en 2008. La reactivación de esa alianza tiene ahora su expresión más concreta en este operativo.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó los arrestos como pasos firmes en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional en Bolivia. Por su parte, el ministro Oviedo lanzó una advertencia directa a los funcionarios que aún permanecen en sus cargos: “O están del lado de la ley, o están del lado del crimen y del narcoterrorismo”. También instó a los legisladores a impulsar una reforma profunda del sistema de justicia, señalando que la captura del fiscal general es solo el inicio de un proceso más amplio.
- Detenidos: Roger Mariaca (fiscal general) y 13 personas más, incluyendo dos fiscales sancionados por EE. UU.
- Cargos imputados: blanqueo de capitales y narcotráfico.
- Dinero incautado: 3,53 millones de bolivianos (~294.000 dólares) y 10.000 dólares adicionales.
- Vínculo con el caso Marset: liberación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023 bajo la gestión de Mariaca en Santa Cruz.
- Cooperación internacional: reanudación de la alianza con la DEA tras su expulsión en 2008.
El arresto del fiscal general boliviano representa uno de los golpes institucionales más significativos en la historia reciente del país. Para el gobierno de Paz, es la demostración de que la ruptura con el ciclo anterior no es retórica. Para Washington, es la confirmación de que su estrategia de presión combinada —sanciones de visado más cooperación con la DEA— puede producir resultados concretos en la región. Más información sobre la cooperación antinarcóticos en la región puede consultarse en el sitio oficial de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA).
