By La Cámara de Cuentas de la República Dominicana salió al paso de versiones publicadas en medios de comunicación y aclaró que la auditoría practicada a la Cámara de Diputados, correspondiente al período 2020-2024, arrojó un dictamen sin salvedad: sin hallazgos que comprometan la información financiera ni incumplimientos legales relevantes. La aclaración llegó tras la aprobación formal del informe en sesión plenaria y su publicación en el portal institucional del organismo fiscalizador.
Lo que revela el dictamen que los medios malinterpretaron
En la sesión del Pleno celebrada el 22 de junio de 2026, la Cámara de Cuentas aprobó varios informes de auditoría, entre ellos el correspondiente a la Cámara de Diputados. Según la nota de prensa emitida por el organismo, sus miembros expresaron sorpresa ante las afirmaciones difundidas por algunos medios, que habrían generado una percepción distorsionada sobre los resultados del proceso.
El dictamen, disponible en la página web de la Cámara de Cuentas, es categórico: no se identificaron desviaciones contables ni irregularidades que afecten la correcta ejecución de los fondos y bienes auditados. En términos técnicos, un dictamen sin salvedad equivale a la certificación más favorable que puede emitir un órgano de control externo, lo que significa que las finanzas del período revisado superaron el escrutinio sin objeciones sustanciales.
El informe sí incluye recomendaciones de mejora en el ámbito del control interno, entre ellas:
- La correcta clasificación de cuentas contables.
- El registro de descargas de mobiliario en el Sistema de Información de Bienes (SIAB).
Sin embargo, el organismo fiscalizador fue enfático en señalar que estas observaciones tienen un carácter estrictamente administrativo y no cuestionan en ningún momento la veracidad ni la integridad de la información financiera auditada.
Por qué la Cámara de Cuentas lanzará formación para periodistas
La controversia generada por la cobertura mediática del informe llevó a la Cámara de Cuentas a anunciar una medida adicional: el desarrollo de programas de formación dirigidos a periodistas. El objetivo declarado es mejorar la comprensión de la terminología técnica propia de las auditorías gubernamentales y contribuir a una comunicación más precisa con la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos.
La iniciativa pone en evidencia una brecha que no es exclusiva del país: la distancia entre el lenguaje especializado de la fiscalización pública y la capacidad de los medios para traducirlo con exactitud. Conceptos como “hallazgo financiero”, “salvedad” o “observación administrativa” tienen significados técnicos precisos que, mal interpretados, pueden transformar un informe limpio en una señal de alarma injustificada ante la opinión pública.
Como órgano superior de control externo del Estado dominicano, la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar el patrimonio, los ingresos, los gastos y, en general, el uso de los fondos públicos. Su labor no solo implica detectar irregularidades, sino también certificar cuando las instituciones operan dentro del marco legal y contable establecido, como ocurrió en este caso con la Cámara de Diputados.
