By El caso del magnicidio de Moïse dio un giro decisivo este lunes cuando dieciocho acusados comparecieron ante una corte federal en Miami, apenas horas después de ser extraditados desde Haití, donde permanecían detenidos desde el crimen. La audiencia marcó el inicio formal de un proceso judicial que promete revelar la arquitectura completa de uno de los crímenes políticos más perturbadores del hemisferio occidental en décadas.
Lo que reveló la audiencia en Miami
Ante la jueza Lisette Reid, los dieciocho imputados recibieron defensores públicos y conocieron las fechas de sus próximas comparecencias. El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, confirmó que todos fueron trasladados el domingo a Miami, completando una extradición coordinada que llevaba meses en negociación entre ambos países.
Los cargos que enfrentan son de naturaleza federal y de extrema gravedad: conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y provisión de apoyo material que resultó en muerte. Ambos delitos contemplan penas de hasta cadena perpetua, la misma condena que ya pesa sobre otros cinco condenados en casos anteriores vinculados al mismo crimen, sentenciados entre 2023 y 2024. Un sexto acusado recibió nueve años de prisión tras determinarse que desconocía el alcance real del plan.
Este no es el primer capítulo del caso en suelo estadounidense. En marzo pasado comenzó el juicio contra otros cuatro acusados, y los dieciocho que comparecieron este lunes son parte de un grupo total de 30 personas procesadas por el magnicidio cometido el 7 de julio de 2021 en la residencia privada de Moïse, en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe.
El sur de Florida, centro del complot contra Moïse
Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida funcionó como el núcleo logístico y financiero del plan para derrocar al presidente haitiano. Desde allí se coordinaron reuniones, se canalizaron fondos y se reclutaron operativos. Según investigaciones citadas por la cadena Fox, parte del financiamiento provino de fondos de ayuda federal destinados a pequeñas empresas durante la pandemia de covid-19, un detalle que añade una capa de escándalo institucional al caso.
La acusación sostiene que el objetivo final era instalar a Christian Sanon como presidente de Haití. Una vez en el poder, Sanon adjudicaría contratos a una empresa con sede en Doral, Florida, vinculada a varios de los acusados. Para hacer viable el plan, la operación fue presentada inicialmente a los mercenarios colombianos contratados como una misión de arresto legal, supuestamente respaldada por agencias estadounidenses. El argumento resultó creíble para algunos de los ejecutores porque varios de los condenados tenían antecedentes como informantes del FBI y de la DEA.
- 17 de los mercenarios involucrados en el ataque son de nacionalidad colombiana.
- Más de 50 personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio.
- Entre los imputados en Haití figura la viuda de Moïse y 17 exmilitares colombianos.
- El proceso judicial en Haití se ha estancado por la grave inseguridad que atraviesa el país.
La crisis que desató el magnicidio de Moïse en Haití
El asesinato de Jovenel Moïse no fue solo un crimen político: fue el detonante de un colapso institucional que Haití aún no ha logrado superar. La muerte del mandatario dejó un vacío de poder que las bandas criminales aprovecharon para expandir su control territorial, desencadenando una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes en la historia reciente del país. Miles de haitianos se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en Estados Unidos y otros países de la región.
El avance del proceso judicial en Miami contrasta con el estancamiento del caso en suelo haitiano, donde la inseguridad ha impedido que la justicia local opere con normalidad. La Fiscalía federal de Estados Unidos se ha convertido, en la práctica, en el principal motor de rendición de cuentas por el magnicidio de Moïse, un hecho que subraya tanto la dimensión transnacional del crimen como la fragilidad del Estado haitiano para procesar sus propias tragedias.
