By El costo de la luz se ha convertido en una de las mayores fuentes de angustia económica para los usuarios del servicio eléctrico en República Dominicana. Cada mes, miles de hogares reciben facturas que, en algunos casos, superan en más de un 100 % los montos que pagaban anteriormente, sin que las distribuidoras ofrezcan explicaciones claras ni soluciones efectivas a sus reclamos. La indignación crece, y las oficinas de atención al cliente ya no dan abasto.
El costo de la luz que nadie puede explicar
Las oficinas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad están saturadas de clientes que buscan aclarar los elevados montos en sus facturas de consumo energético. Los usuarios denuncian que, a pesar de no haber modificado sus hábitos de consumo, las cifras siguen escalando mes a mes, convirtiéndose en una carga económica difícil de asumir para familias de ingresos medios y bajos.
Durante un recorrido por varias oficinas de EDEEste en Santo Domingo Norte, se observó una notable acumulación de personas, evidenciando el malestar generalizado. Algunos usuarios acudieron angustiados ante la imposibilidad de pagar las cantidades reclamadas; otros manifestaron su frustración tras meses intentando resolver sus problemas sin obtener respuestas satisfactorias. La sala de espera, lejos de ser un espacio de solución, se ha convertido en el escenario visible de una crisis silenciosa.
Los testimonios concretos ilustran la magnitud del problema. Mildre González reporta que su factura se disparó a RD$20,000 mensuales en una vivienda donde casi no está presente debido a su trabajo. Al mes siguiente, el monto ascendió a RD$30,000, una cifra que considera completamente injustificable. Hoy enfrenta una deuda acumulada de más de RD$100,000 sin saber cómo podrá saldarla. Por su parte, Mártires Méndez vio cómo su factura pasó de RD$1,500 a montos que oscilan entre RD$2,700 y RD$5,000, hasta que su última cuenta llegó a RD$7,500, casi cinco veces el valor original.
Lo que revela el proceso de reclamos: trabas y desconfianza
A la inconformidad por las facturas elevadas se suma la dificultad del procedimiento para presentar reclamaciones. Según lo informado por los propios usuarios, deben abonar un anticipo superior al 50 % del monto reclamado mientras se investiga el caso, una condición que consideran profundamente injusta, especialmente cuando están cuestionando la validez misma de esa factura. Pagar para reclamar lo que se niega a pagar es, para muchos, una contradicción inaceptable.
La desconfianza también se extiende al proceso de verificación de medidores. Los clientes afirman que las inspecciones realizadas por los técnicos rara vez resuelven sus quejas y que, en la mayoría de los casos, terminan obligados a pagar el monto total sin que se haya identificado ninguna irregularidad. Esta experiencia repetida ha erosionado la confianza en los mecanismos institucionales diseñados para resolver disputas entre usuarios y distribuidoras.
El descontento no se limita a Santo Domingo Norte. Reportes similares llegan desde otras localidades del país, lo que sugiere que el problema tiene un alcance nacional y no responde a fallas aisladas de una sola distribuidora o zona geográfica.
Protecom y la Superintendencia: cifras que preocupan
El Programa de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) tampoco ha ofrecido respuestas satisfactorias. Usuarios critican a esta entidad por no defender adecuadamente sus derechos frente a las distribuidoras. Los números respaldan esa percepción: las distribuidoras tienen registrados alrededor de 41,327 casos de reclamos durante el período de julio a septiembre, mientras que, según datos de la Superintendencia de Electricidad, más de 50,000 casos presentados ante Protecom entre enero y septiembre fueron declarados improcedentes.
Esa cifra es reveladora. Que la mayoría de los reclamos sean desestimados no necesariamente significa que los usuarios estén equivocados; también puede indicar que los criterios de evaluación favorecen sistemáticamente a las distribuidoras, o que el proceso carece de la transparencia necesaria para generar confianza en sus resultados.
A todo esto se añade la paradoja de los apagones prolongados, que no se traducen en una reducción proporcional de las facturas. Los usuarios pagan por un servicio que no reciben de forma continua y, cuando reclaman, enfrentan un sistema que parece diseñado para desalentar la queja antes que para resolverla. Mientras las denuncias se multiplican, la espera por respuestas claras sobre el costo de la luz y por mecanismos reales de defensa al consumidor sigue siendo, para miles de familias dominicanas, una promesa sin fecha.
