By La justicia de Estados Unidos presentó el jueves nuevas acusaciones formales contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas. El caso marca un punto de inflexión en el proceso penal que ambos enfrentan en Nueva York: por primera vez, Flores queda imputada también por narcoterrorismo, un cargo que hasta ese momento recaía exclusivamente sobre Maduro. La acusación no es un giro menor —es una escalada deliberada que amplía el alcance de la responsabilidad penal de la pareja en el poder venezolano.
Lo que revela el expediente: torturas sistemáticas y ciudadanos estadounidenses
La Fiscalía estadounidense detalló en el expediente judicial que Maduro y Cilia Flores implementaron de forma conjunta una estrategia de represión y torturas con el objetivo de afianzar su control político. Las prácticas descritas incluyen presiones físicas, descargas eléctricas y amenazas directas a familiares de los detenidos. Entre las víctimas identificadas figuran opositores políticos, militares y, de manera especialmente sensible para Washington, tres ciudadanos estadounidenses.
Uno de los casos más detallados en el expediente corresponde a la denominada ‘víctima 7’, un ciudadano estadounidense que, según la acusación, fue torturado tras ser falsamente señalado como partícipe de un supuesto plan para asesinar a Maduro. El documento fiscal argumenta, además, que la intensidad de los abusos aumentó en respuesta directa a la retórica del gobierno de Washington contra el régimen de Caracas, lo que convierte las torturas en una herramienta de política exterior y no solo de represión interna. Las denuncias cubren un período que se extiende desde 2022 hasta enero de 2026.
Los cargos acumulados que pesan sobre Maduro y Cilia Flores
Las nuevas imputaciones no reemplazan los cargos anteriores: se suman a ellos. El cuadro acusatorio completo contra ambos incluye ahora una lista que refleja la magnitud del caso:
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
- Posesión de armas destructivas
- Conspiración para cometer torturas (nuevo cargo)
- Narcoterrorismo: conspiración para distribuir cocaína con el fin de financiar organizaciones terroristas (nuevo cargo, aplicado por primera vez a Flores)
La incorporación del narcoterrorismo al expediente de Cilia Flores es el elemento que más redefine el caso. Hasta ahora, ese cargo situaba a Maduro como el principal responsable de la red de financiamiento terrorista a través del narcotráfico. Al extenderlo a su esposa, la Fiscalía construye un argumento de responsabilidad compartida en la cúpula del poder venezolano, lo que complica cualquier estrategia de defensa que intente separar los roles de ambos.
El juez rechaza el arresto domiciliario y el tribunal ve a Flores visiblemente deteriorada
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 por fuerzas militares estadounidenses en el palacio presidencial de Caracas y trasladados a Nueva York para enfrentar el proceso penal. La defensa de Flores había solicitado arresto domiciliario alegando un deterioro severo de su salud cardíaca, pero el juez Alvin Hellerstein rechazó la petición de forma categórica.
Hellerstein argumentó que Flores representa un riesgo de fuga calificado como «fuerte» y subrayó la gravedad excepcional de los cargos como razón adicional para mantenerla bajo custodia. La audiencia en la que se presentaron las nuevas acusaciones fue también la primera en la que Flores compareció ante los magistrados de forma visible: según los reportes del tribunal, se presentó notablemente más delgada que en sus apariciones anteriores, un detalle que sus abogados habían utilizado para reforzar el argumento médico. El juez no lo consideró suficiente.
El proceso contra Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos se perfila como uno de los juicios de mayor carga política de la última década en el hemisferio occidental. Cada nueva acusación amplía el perímetro legal del caso y reduce el margen de maniobra de una defensa que, hasta ahora, no ha logrado ninguna concesión significativa del tribunal.
