By El senador Félix Bautista encendió el debate legislativo este miércoles al proponer que las sanciones privativas de libertad contempladas en el Código Penal para delitos relacionados con la libertad de expresión e información sean eliminadas y sustituidas por sanciones de carácter económico. La iniciativa, planteada durante una sesión en el Senado de la República Dominicana, abre un capítulo que va más allá de una simple reforma técnica: toca el núcleo de cómo el Estado sanciona la palabra.
Lo que propone Félix Bautista y por qué importa ahora
La propuesta del legislador no surge en el vacío. Bautista sustentó su postura en una tendencia regional que ya han adoptado varios países de América Latina. Citó el caso de Argentina y Panamá, que aplican exclusivamente sanciones económicas para este tipo de delitos, así como el de Perú, que combina multas con servicios sociales. Incluso mencionó a Nicaragua, donde predominan también las sanciones económicas en este ámbito.
El senador reforzó su argumento con las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campus, quien describió la libertad de expresión como “el oxígeno de la democracia”: el mecanismo a través del cual la ciudadanía debate, discrepa y exige rendición de cuentas a quienes ejercen el poder. Para Bautista, restringir ese derecho no solo debilita las libertades democráticas, sino que limita directamente la participación ciudadana en los asuntos públicos.
El respaldo constitucional que sostiene el debate
La propuesta no carece de anclaje jurídico. Bautista recordó que la Constitución dominicana de 2010 consagra la libertad como uno de sus principios fundamentales, protegiendo la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad y, de forma explícita, la libertad de expresión e información. El artículo 49 de esa carta magna garantiza que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas y a recibir y difundir información sin censura previa.
Según el legislador, estas disposiciones constitucionales son el paraguas que ampara las críticas, las investigaciones periodísticas, las denuncias ciudadanas y las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales. Su argumento central es contundente: sin libertad de expresión resulta inviable fiscalizar al gobierno y denunciar actos de corrupción.
- Libertad personal y libre desarrollo de la personalidad
- Libertad de expresión e información sin censura previa
- Derecho a recibir y difundir información (artículo 49)
- Protección de la crítica, la denuncia y el periodismo de investigación
La comisión bicameral y lo que revelan los juristas
Bautista también respaldó la iniciativa del presidente del Senado de constituir una comisión bicameral integrada por senadores y diputados para analizar las modificaciones al Código Penal en consulta con diversos sectores sociales. El legislador destacó que ese espacio permitirá debatir observaciones y propuestas antes de que la legislación sea aprobada, dotando al proceso de una legitimidad que una votación apresurada no podría garantizar.
En esa misma línea, el jurista Cristóbal Rodríguez enfatizó que la reforma al Código Penal debe respetar los principios fundamentales del Estado democrático. Abogó por la eliminación de tipos penales considerados vagos o imprecisos, incompatibles con los derechos de libertad de expresión e información, y propuso que las sanciones por difamación, injuria y ultraje a funcionarios públicos sean revisadas conforme a los criterios del Tribunal Constitucional.
Rodríguez amplió el horizonte del debate al sugerir que la discusión legislativa contemple también otros temas de alta sensibilidad social: la responsabilidad penal de las empresas, la práctica médica, la violencia de género y las disposiciones sobre el aborto en contra de la voluntad de la madre. La reforma al Código Penal, en ese sentido, se perfila como uno de los debates legislativos más complejos y trascendentes de la agenda dominicana en los próximos meses.
