By Fuerza del Pueblo salió en defensa de uno de sus miembros este fin de semana, luego de que el comunicador Juan Macea denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte que atribuye al director regional Cibao Sur de la Policía Nacional, el general José Miguel Mata Rodríguez. El caso encendió las alarmas dentro del partido y derivó en un llamado formal a las más altas autoridades del orden público y del Ministerio Público para que actúen con urgencia.
Lo que revela el caso Juan Macea sobre la presión a comunicadores
El presidente municipal de Fuerza del Pueblo en Bonao, Julio Guerrero, tomó la vocería del partido y dirigió una solicitud directa al director general de la Policía Nacional, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, exigiendo una investigación exhaustiva sobre los incidentes denunciados por Macea. Guerrero fue enfático: la institución policial debe actuar con transparencia y rapidez, no solo para proteger al comunicador, sino para preservar la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.
El señalamiento resulta especialmente sensible porque apunta directamente a un oficial de alto rango dentro de la propia Policía Nacional. Que un miembro de la cúpula regional sea el presunto responsable de las amenazas convierte este caso en un asunto de escrutinio institucional, no solo de seguridad personal. Fuerza del Pueblo lo entiende así y por eso escaló el reclamo hasta el nivel más alto de la cadena de mando policial.
El llamado a la procuradora y el respaldo político a Juan Macea
Paralelamente, la organización dirigió un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que el Ministerio Público abra una investigación formal y adopte medidas concretas de protección para el comunicador. La doble vía —Policía Nacional y Ministerio Público— refleja la voluntad del partido de no dejar el caso en manos de una sola institución, especialmente cuando una de ellas está directamente implicada en la denuncia.
Fuerza del Pueblo también amplió su convocatoria más allá de las instituciones del Estado. La organización instó a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las organizaciones defensoras de las libertades públicas a mantenerse atentos al desarrollo del caso. El mensaje fue claro: nadie debe sentirse amenazado por ejercer el periodismo o expresar sus opiniones, y la presión social es tan necesaria como la acción judicial.
- Solicitud de investigación al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
- Llamado a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para una investigación formal del Ministerio Público.
- Convocatoria a la sociedad civil y medios de comunicación a dar seguimiento al caso.
- Compromiso del partido de acompañar a Juan Macea en el proceso legal hasta garantizar su seguridad.
El partido fue explícito en su compromiso: dará seguimiento continuo a la situación y respaldará a Juan Macea en cada etapa del proceso legal hasta que se esclarezcan los hechos y se garanticen su integridad y seguridad. En un contexto donde las amenazas a comunicadores siguen siendo una realidad en la región, el caso adquiere una dimensión que trasciende lo partidario y toca directamente el debate sobre la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo sin miedo.
