By El Poder Ejecutivo dio un paso decisivo hacia la modernización del Estado dominicano al emitir el Decreto No. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la infraestructura digital del Estado. La medida apunta a transformar la forma en que las instituciones públicas planifican, contratan e invierten en tecnología, poniendo fin a décadas de gasto fragmentado y soluciones aisladas que han limitado la eficiencia del sector público.
Lo que revela el decreto sobre la infraestructura digital del Estado
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, fue enfático al presentar la normativa: cada peso invertido en tecnología debe responder a una estrategia nacional integrada. Esa frase resume la filosofía detrás del reglamento, que busca erradicar la fragmentación del gasto y las inversiones aisladas que históricamente han caracterizado la gestión tecnológica del Estado. El decreto designa al Ministerio de Administración Pública como la autoridad rectora encargada de aplicar el reglamento, con competencias que abarcan la identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de todas las contrataciones e inversiones digitales estratégicas.
El objetivo declarado es múltiple: mejorar la eficiencia del gasto en tecnología, reducir duplicidades entre instituciones, fortalecer la interoperabilidad de los sistemas públicos y proteger los datos administrados por el Estado. Freund subrayó que la normativa también garantiza la sostenibilidad operativa de los servicios públicos digitales, asegurando que las soluciones tecnológicas no queden abandonadas tras su implementación inicial.
Por qué el artículo 6 sacude la gestión pública dominicana
El corazón jurídico del decreto se encuentra en su artículo 6, que declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital del Estado dominicano. Esta declaratoria no es simbólica: tiene consecuencias prácticas directas sobre cómo las instituciones pueden adquirir bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que sean consideradas esenciales por su naturaleza y alcance.
A partir de esta declaratoria, cualquier adquisición relevante requerirá un informe de evaluación técnica previa, un mecanismo que busca evitar compras improvisadas o sobredimensionadas. Además, el reglamento abre la puerta a las compras conjuntas entre instituciones, una figura que puede generar ahorros significativos al consolidar demandas dispersas en un solo proceso de contratación.
Entre las novedades más destacadas del decreto se encuentran:
- Obligatoriedad de un informe de evaluación técnica previa para adquisiciones digitales estratégicas.
- Posibilidad de realizar compras conjuntas interinstitucionales para optimizar costos.
- Creación de una Comisión Técnica Interinstitucional que coordinará las inversiones digitales del Estado.
- Prohibición de cláusulas contractuales que limiten el control del Estado sobre sus propios datos.
- Establecimiento de un uso ético de la Inteligencia Artificial en contratos que involucren algoritmos complejos.
Soberanía de datos y transparencia: las líneas que no se pueden cruzar
Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es su énfasis en la soberanía sobre los datos de los ciudadanos dominicanos. El decreto prohíbe expresamente las cláusulas contractuales que puedan limitar el control del Estado sobre la información que administra, una disposición que cobra especial importancia en un contexto global donde los contratos con proveedores tecnológicos suelen incluir condiciones que restringen el acceso o la portabilidad de los datos.
La normativa también es clara en lo que no cambia: las instituciones públicas siguen obligadas a cumplir con las leyes de contratación pública vigentes, así como con todas las regulaciones en materia de transparencia y protección de datos. El decreto no crea un régimen de excepción, sino una capa adicional de coordinación estratégica que se superpone al marco legal existente sin sustituirlo.
Con el Decreto No. 714-26, el Ministerio de Administración Pública busca consolidar una infraestructura digital que no solo mejore la prestación de servicios públicos, sino que lo haga de forma eficiente, segura y accesible para toda la población. El reto ahora es la implementación: convertir un reglamento bien diseñado en resultados concretos para los ciudadanos dominicanos.
