By La crisis de seguridad vial en República Dominicana ya no es solo un tema de conversación en redes sociales ni un debate recurrente en los medios. Para el abogado Francisco Guillén, experto en derecho público, la situación ha cruzado un umbral que exige una respuesta de Estado: declarar una emergencia nacional ante el desorden y la impunidad que protagonizan, cada vez con mayor frecuencia, los motoristas en el país.
Por qué Guillén habla de emergencia nacional y no de reforma gradual
Durante su participación en el programa Usted tiene la palabra, transmitido por Telesistema, Guillén fue categórico: la problemática ha trascendido el debate social para convertirse en un problema sistémico que el Estado dominicano no puede seguir administrando con medidas parciales. A su juicio, la sociedad enfrenta un escenario de desorden y anarquía sostenido por un abandono institucional que ha normalizado las infracciones y blindado a quienes las cometen.
El argumento central del abogado descansa en la impunidad. La ausencia de sanciones efectivas ante las violaciones cometidas por motoristas —ya sea circular sin licencia, operar motocicletas no registradas o ignorar las normas de tránsito— ha generado un clima que amenaza directamente la seguridad ciudadana. Según Guillén, mientras ese vacío persista, ninguna campaña de concientización ni operativo aislado tendrá impacto real.
Las seis medidas que propone para frenar la crisis de seguridad vial
Lejos de quedarse en el diagnóstico, Guillén presentó un paquete de seis propuestas concretas que, en su visión, deben articularse de forma simultánea para producir resultados estructurales:
- Declarar emergencia nacional en materia de seguridad vial, lo que habilitaría al Estado a actuar con mayor celeridad y recursos.
- Aprobar una ley especial que dote a las autoridades de herramientas jurídicas específicas para intervenir con eficacia.
- Crear un cuerpo élite de fiscalización motorizada con capacidad operativa real y presencia sostenida en las vías.
- Aumentar las sanciones contra motoristas sin licencia o con motocicletas no registradas, incluyendo la confiscación de vehículos en casos graves.
- Realizar operativos interinstitucionales permanentes en todo el territorio nacional, no solo en respuesta a incidentes puntuales.
- Implementar una política judicial que garantice la protección de los derechos de los ciudadanos en conflictos derivados de infracciones de motoristas.
El diseño del paquete no es casual. Guillén apunta a cerrar simultáneamente los tres frentes que, a su entender, alimentan la crisis: el vacío legal, la debilidad operativa de las instituciones y la falta de consecuencias judiciales reales para los infractores.
Lo que está en juego si el Estado no actúa con urgencia
El abogado fue explícito en señalar que las medidas propuestas no buscan criminalizar al sector de los motoristas en su conjunto, sino proteger tanto a los ciudadanos como a quienes sí cumplen con la ley. En ese sentido, la propuesta de emergencia nacional se presenta como un mecanismo de reequilibrio: restablecer la autoridad del Estado en el espacio vial sin sacrificar los derechos de quienes operan dentro del marco legal.
La advertencia final de Guillén fue directa: la falta de acciones inmediatas y estructurales no solo mantendrá el statu quo, sino que podría agravar la escalada de la crisis. En su lectura, el problema ya superó el punto en que una respuesta gradual o sectorial puede contenerlo. Lo que se requiere, insistió, es una respuesta institucional sostenida que coloque la seguridad vial al nivel de prioridad que la situación demanda. La declaratoria de emergencia nacional sería, en ese esquema, el primer paso para que el resto de las medidas tenga coherencia y fuerza ejecutiva.
