By El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ha decidido reservar el fallo sobre la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el caso Senasa para este domingo a las 6:00 de la tarde.
Durante la audiencia, el procurador adjunto y director general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, comunicó que el Ministerio Público ha modificado su petición de prisión preventiva para tres de los acusados. Esta modificación se produce tras la admisión de participación de estos imputados en los hechos que se les atribuyen.
Debido a esta aceptación y considerando que representan un menor riesgo de fuga, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de arresto domiciliario para estos tres individuos, además de la restricción de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. La variación de medida se fundamenta en criterios de colaboración con la investigación y en la evaluación del bajo riesgo procesal que presentan estos imputados.
El caso se enmarca dentro de un esquema de corrupción administrativa expuesto por la Operación Cobra, el cual ha derivado en la captación de miles de millones de pesos que habrían sido desviados en perjuicio de los servicios sanitarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las pruebas indican que algunos de los imputados utilizaban pretextos de recaudación política para obtener sobornos destinados a beneficios personales, así como para adquirir propiedades y crear empresas fantasma que facilitaban la compra y gestión de activos.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de 18 meses para varios imputados, entre ellos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, y Germán Rafael Robles Quiñones. También se incluyen a Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Sin embargo, para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda se ha solicitado una variación en las medidas.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó el miércoles que el Ministerio Público comenzará a aplicar las disposiciones contenidas en la recientemente promulgada Ley núm. 97-25, que establece el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana en relación con los imputados.
