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Angely Moreno – Periodista y politóloga
El Gobierno del PRM parece haber descubierto que, cuando faltan funcionarios preparados, no hace falta buscarlos: basta con darle más responsabilidades a los mismos.
Así nacen los “súper funcionarios”: personas que dirigen simultáneamente varias instituciones, gabinetes y comisiones, en una demostración de resistencia administrativa que dice menos sobre sus capacidades que sobre las carencias del sistema que los necesita para todo.
No se trata de negar la preparación, el esfuerzo o la capacidad de quienes han asumido esas funciones. Se trata de cuestionar el modelo.
Porque cuando un Gobierno concentra demasiadas responsabilidades en pocas manos, no necesariamente demuestra eficiencia: también puede exhibir favoritismos, deficiencias profesionales o desconfianza en sus propios compañeros.
El PLD entendió durante sus gobiernos que no bastaba con ganar elecciones: también había que preparar cuadros para ocupar y conservar espacios dentro del Estado.
Su estrategia fue especializar políticamente a buena parte de sus dirigentes en las instituciones públicas, de modo que, incluso al salir del poder, muchos conservaran influencia mediante puestos, relaciones y estructuras administrativas.
Esa preparación les permitió mantener una cuota de poder institucional aun después de perder las elecciones.
El PRM hizo lo contrario. Pasó años construyendo una maquinaria electoral para llegar al poder, pero no desarrolló con la misma profundidad una estructura profesional capaz de gobernarlo.
Ganó, llegó al Palacio Nacional y entonces apareció una diferencia que no siempre se quiso reconocer: una cosa es construir una organización para ganar el Gobierno y otra preparar los cuadros necesarios para administrarlo.
Cuando el PRM llegó al poder, tuvo que mantener casi intacta buena parte de la estructura existente. Primero, por las condiciones excepcionales provocadas por la pandemia, que dificultaban una transformación inmediata del aparato estatal.
Segundo, por la poca experiencia en la administración pública y la baja formación especializada de muchos de sus cuadros. Y tercero, porque desmontar de golpe una estructura estatal sin reemplazos preparados habría podido generar una crisis de funcionamiento.
Ahí entró la tecnocracia.
Para cubrir vacíos de formación, experiencia y especialización, el Gobierno recurrió a figuras provenientes de otros partidos, de la sociedad civil, de la academia y de sectores técnicos. Eso, por sí mismo, no es un problema.
Un Gobierno serio debe rodearse de personas competentes, aunque no militen en su partido.
El problema es que esa solución temporal parece haberse convertido en una forma permanente de administrar el Estado. Y después de seis años en el poder, resulta difícil presentar como transición lo que ya parece una falla estructural: el PRM no ha formado suficientes cuadros para sostener su propio Gobierno.
La consecuencia es visible. Las mismas personas se rotan de puesto en puesto y aparecen una y otra vez en instituciones estratégicas, gabinetes, comisiones y nuevas designaciones.
Se les cambia de posición, se les amplían las funciones y se les entrega otro decreto, como si la administración pública dependiera de una reserva limitada de talentos que debe ser reutilizada hasta el agotamiento.
A seis años de haber llegado al poder, todavía hay funcionarios que cargan varios decretos encima.
La señal política es evidente: aún no parece existir suficiente capacidad, confianza o preparación en los cuadros del partido para sustituirlos.
Lo que pudo ser razonable durante la pandemia o los primeros años de gestión se ha convertido en una práctica recurrente que revela la dificultad del PRM para construir una cantera propia de funcionarios.
La segunda paradoja es todavía más incómoda: dentro del PRM hay personas con formación, experiencia y liderazgo, pero muchas no logran avanzar.
No necesariamente porque carezcan de méritos, sino porque no cuentan con los padrinos adecuados. En política, el currículum puede abrir una puerta, pero la lealtad personal suele decidir hasta qué piso se puede subir.
Y ahí aparece la tercera paradoja. Luis Abinader parece haber entendido que gobernar no consiste únicamente en repartir posiciones entre las estructuras partidarias.
Su apuesta ha sido colocar, en muchos casos, a quien considera capaz de producir resultados, aunque esa decisión haya creado una administración excesivamente dependiente de individuos concretos.
Es una jugada que habla de las buenas intenciones del presidente por mantener el equilibrio y evitar que la administración pública quede subordinada a las presiones internas del partido. Pero también tiene un costo político.
El partido resiente que sus cuadros no sean promovidos, los dirigentes acumulan frustración y la militancia percibe que haber trabajado por el triunfo electoral no garantiza una oportunidad dentro del Gobierno.
Mientras tanto, el ciudadano común no suele valorar esa prudencia institucional. Ve los resultados, los servicios, los problemas cotidianos y la eficiencia del Estado.
No necesariamente distingue si un funcionario pertenece al PRM, al PLD, a la sociedad civil o a la tecnocracia. Por eso, una decisión que puede parecer responsable desde la perspectiva presidencial puede terminar siendo políticamente costosa dentro del partido sin producir un reconocimiento equivalente fuera de él.
El resultado son los “súper funcionarios”: personas capaces de dirigir una institución, presidir un gabinete, coordinar una comisión y recibir, cuando surge una nueva urgencia, otro decreto presidencial.
Ahí están los casos de Raquel Peña, Jean Luis Rodríguez, Celso Marranzini, Sigmund Freund, Bartolomé Pujals y otros funcionarios que han recibido varios decretos a la vez o han pasado de una posición estratégica a otra. También están los campeones olímpicos del decreto: funcionarios que acumulan designaciones como quien acumula millas, mientras el Gobierno presenta esa concentración como una prueba de confianza y capacidad.
Pero la confianza presidencial no puede sustituir la construcción institucional. Y la capacidad individual no puede convertirse en excusa para no formar equipos, profesionalizar la administración y ampliar la base de funcionarios preparados.
La pregunta no es si esas personas pueden hacerlo. Probablemente pueden. La pregunta es por qué un Gobierno que lleva seis años en el poder todavía necesita que unos pocos funcionarios estén disponibles para hacerlo todo.
Porque cuando las mismas figuras aparecen en demasiados lugares, el problema deja de ser su talento y pasa a ser la fragilidad de las instituciones que dependen de ellas. Un Estado sólido no debería funcionar como una colección de héroes administrativos. Debería contar con equipos, relevos, carreras públicas y estructuras capaces de sobrevivir a los nombres de turno.
Si siempre necesitamos de súper funcionarios para mantener funcionales las instalaciones, quizás el problema no sea que ellos sean demasiado buenos.
