By El periodista y escritor Pablo McKinney encendió el debate público con una columna que incomoda por igual a defensores del orden y críticos del sistema: mientras la Policía ejecuta presuntos delincuentes de sectores empobrecidos en supuestos intercambios de disparos, los grandes desfalcadores del Estado dominicano siguen sin una condena definitiva. La reflexión, publicada bajo el título El 29 o la tentación de la muerte en Listín Diario, no es solo una denuncia de cifras: es una pregunta sobre qué tipo de justicia se está construyendo en el país.
Lo que revelan las cifras de muertes policiales
McKinney no lanza acusaciones al vacío. En su artículo detalla una progresión de datos que, puestos en fila, resultan difíciles de ignorar. Habla de 23 posibles asesinatos en una sola semana, de 37 fallecimientos en el transcurso de un mes, y de cerca de 180 posibles ejecuciones acumuladas en un período de ocho meses. Todos, según el autor, atribuibles a intervenciones de la Policía Nacional en contextos presentados oficialmente como enfrentamientos armados.
El columnista conecta este patrón con un contexto político preciso: el gobierno, afectado en su popularidad por la crisis de apagones registrada en junio de 2025, habría optado por una respuesta de fuerza visible como mecanismo para recuperar respaldo ciudadano. “En un esfuerzo por recuperar una popularidad mermada a raíz de la crisis de apagones en junio de 2025, el gobierno ha optado por ejecutar a supuestos delincuentes de bajos recursos”, escribe McKinney sin rodeos. La lectura política detrás de la seguridad pública es, para él, tan preocupante como las muertes mismas.
Policía ejecuta pobres: la desigualdad que el Estado no discute
El argumento central de McKinney descansa en una comparación que resulta tan sencilla como perturbadora. Por un lado, jóvenes de barrios marginados caen en operativos que las autoridades describen como legítimos. Por el otro, figuras vinculadas a escándalos de corrupción de gran escala —desfalcos al patrimonio público— transitan por el sistema judicial sin haber recibido jamás una condena firme. La Policía ejecuta en los márgenes de la ciudad; la impunidad, en cambio, opera en los centros del poder.
Para McKinney, esta asimetría no es accidental ni nueva. Es, sostiene, una constante histórica del Estado dominicano: los grandes delincuentes de cuello blanco han sabido navegar los laberintos judiciales con una eficacia que los delincuentes comunes jamás podrían replicar. La diferencia no está en la gravedad del delito, sino en los recursos, los contactos y la capacidad de prolongar indefinidamente los procesos legales.
- Jóvenes de sectores empobrecidos: blancos recurrentes de operativos policiales letales.
- Imputados en casos de corrupción: sin condenas definitivas pese a años de proceso judicial.
- Cifras de muertes: 23 en una semana, 37 en un mes, cerca de 180 en ocho meses, según el columnista.
- Contexto político señalado: recuperación de popularidad tras crisis de apagones en junio de 2025.
Las raíces del problema que nadie quiere atender
McKinney no se limita a denunciar; también diagnostica. En su columna identifica las condiciones estructurales que empujan a los jóvenes de los barrios hacia la delincuencia: la exclusión social, la ausencia de oportunidades laborales reales, la deserción escolar y la influencia de pandillas que ofrecen lo que el Estado no provee: dinero, identidad y un sentido de pertenencia. Frente a ese vacío, la violencia se convierte en una forma de reconocimiento.
Ante ese diagnóstico, el autor propone respuestas que van más allá del operativo policial. Aboga por el fortalecimiento de la educación y la calidad docente, por el acompañamiento social, cultural, deportivo, espiritual y psicológico de los jóvenes en comunidades vulnerables, y por enfrentar con decisión las estructuras del crimen organizado, incluyendo la posible connivencia entre redes criminales, políticos y miembros de la propia Policía Nacional. La mano dura, argumenta, no resuelve lo que la exclusión construyó durante décadas.
McKinney cierra su reflexión con una advertencia que funciona como síntesis moral de todo el artículo: “Si bailas con el diablo, el diablo no cambia; el diablo te cambia a ti”. Normalizar las muertes como herramienta de política pública, concluye, no combate la delincuencia. La transforma en algo peor: en política de Estado.
