By Las bandas haitianas han cedido terreno en Puerto Príncipe, pero no han cedido poder. Esa es la conclusión central del informe final del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Haití, correspondiente a 2026: los avances militares son reales, pero frágiles, y las estructuras criminales han demostrado una capacidad de adaptación que desafía cualquier lectura optimista de la situación.
Lo que revelan los números: del 85 % al 70 % bajo control criminal
El dato más citado del informe es también el más engañoso si se lee sin contexto. Las organizaciones criminales han pasado de controlar aproximadamente el 85 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe a alrededor del 70 %, una reducción de 15 puntos porcentuales lograda gracias a operaciones conjuntas de la Policía Nacional de Haití, unidades militares y fuerzas multinacionales. Es un avance concreto. Pero el propio Panel advierte que recuperar militarmente un territorio no equivale a establecer control estatal permanente.
El caso de Bel-Air ilustra esta paradoja con claridad: mientras las fuerzas de seguridad avanzaban en otras zonas, la banda Grand Ravine aumentó su influencia en ese barrio, aprovechando los vacíos dejados por las operaciones. La lógica de las bandas no es resistir frontalmente, sino desplazarse, reorganizarse y reaparecer donde el Estado no llega.
Bandas haitianas: rutas, peajes y rescates como modelo de negocio
Más allá del control territorial, lo que sostiene a las bandas haitianas es su dominio sobre las arterias económicas del país. Las organizaciones criminales mantienen el control de carreteras nacionales que conectan la capital con otras regiones, lo que les permite operar un sistema paralelo de ingresos basado en:
- Peajes ilegales en rutas estratégicas
- Extorsión a comerciantes y transportistas
- Control del flujo de mercancías
- Cobro de rescates, con transacciones procesadas incluso a través de sucursales bancarias en Carrefour
En el departamento del Centro, las bandas 400 Mawozo y Canaan mantienen influencia sobre rutas estratégicas hacia la frontera dominicana, lo que convierte esta situación en una preocupación directa para República Dominicana. La proximidad geográfica de estas estructuras armadas a la línea fronteriza no es un detalle menor en el análisis regional de seguridad.
Las intervenciones en el centro de Puerto Príncipe han tenido además un efecto no deseado: el desplazamiento de grupos armados hacia la periferia suroeste, donde han establecido nuevos puntos de control ilegal. La presión en un punto de la red criminal no la elimina; la redistribuye.
La violencia interna que sacude a la alianza Viv Ansanm
La alianza criminal Viv Ansanm, que durante meses facilitó la coordinación entre varias bandas y amplificó su capacidad operativa, atraviesa ahora fracturas internas. Las luchas por el control territorial y la distribución de ingresos ilícitos han derivado en enfrentamientos directos entre sus propios miembros.
Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026, los combates por estas divisiones en Cité Soleil y la llanura de Cul-de-Sac dejaron un saldo de 613 muertos y 375 heridos, según los datos del Panel. La violencia ha generado desplazamientos masivos de población y numerosos abusos contra civiles, incluidos actos de violencia sexual documentados por los expertos de la ONU.
En Bajo Artibonito, las bandas Gran Grif, Kokorat San Ras y Canaan llevaron a cabo ataques coordinados con una intensidad descrita como excepcional en el informe, lo que evidencia que la fragmentación de Viv Ansanm no ha reducido la capacidad ofensiva de sus componentes.
Lo que la ONU advierte: neutralizar líderes no es suficiente
El Panel de Expertos es explícito en uno de sus diagnósticos más incómodos: las acciones enfocadas únicamente en neutralizar a los líderes criminales no serán suficientes si no se desarticulan las redes que sustentan sus actividades. El informe revela la existencia de vínculos entre estas organizaciones y actores políticos, económicos y de seguridad, relaciones que facilitan su financiación y protegen a sus líderes de las operaciones policiales.
A esto se suma el estado de la Policía Nacional de Haití, que opera con limitaciones severas de personal, equipos y recursos, enfrenta problemas estructurales de corrupción y carece de una estrategia nacional de seguridad integral. La proliferación de grupos de autodefensa y empresas privadas de seguridad añade otra capa de complejidad: algunos de estos actores, según el informe, participan en actividades ilícitas y violaciones de derechos humanos.
El diagnóstico de Naciones Unidas sobre Haití en 2026 no es el de un país en recuperación lineal. Es el de un Estado que ha logrado avances reales en el terreno, pero que enfrenta una amenaza que se adapta más rápido de lo que el aparato institucional puede consolidar sus victorias. Las bandas haitianas perdieron territorio; no perdieron la guerra.
