La Policía Nacional de República Dominicana enfrenta uno de sus mayores desafíos operativos: localizar a 53,877 personas con órdenes de arresto pendientes, convertidas en prófugos de justicia que acumulan cargos que van desde violencia intrafamiliar hasta homicidio. La magnitud de la cifra, revelada por el portavoz institucional, pone en evidencia la brecha entre las órdenes judiciales emitidas y su ejecución efectiva en las calles.
Lo que revelan los números: quiénes son los 53 mil prófugos de justicia
El desglose por tipo de delito dibuja un perfil preocupante. 17,635 personas, el 32.7% del total, están acusadas de violencia de género, lo que convierte este delito en el más representado entre los requeridos. Le siguen 11,587 individuos señalados por agresiones físicas, equivalentes al 21.5% del universo total. Según el coronel Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional, todas estas personas cuentan con órdenes de captura formalmente emitidas por los tribunales competentes.
Los registros también incluyen categorías que reflejan la diversidad del fenómeno delictivo en el país. Entre los prófugos de justicia identificados se encuentran:
- 5,951 personas vinculadas a casos de agresión sexual (11% del total)
- 2,761 individuos relacionados con delitos cibernéticos (5.1%)
- 2,681 requeridos por homicidio (5%)
- 1,630 personas con órdenes por amenazas
Dentro de los archivos policiales destaca el caso de José Luis Mateo Medina, quien acumula 41 registros delictivos, convirtiéndolo en el individuo con mayor historial dentro del sistema. Le sigue José Amaury Pérez, con 34 registros acumulados. Ambos casos ilustran cómo una fracción de los requeridos concentra una carga delictiva desproporcionada.
La plataforma que conecta a la Policía con el sistema judicial
Para gestionar un volumen de búsqueda de esta escala, la institución policial opera una plataforma digital que centraliza la información de cada orden activa. El sistema permite acceder a fotografías, datos de identificación, tribunales requirentes y delitos asociados a cada caso, facilitando la coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia. Esta herramienta no solo agiliza la investigación interna, sino que también permite articular operativos conjuntos con mayor precisión. Más información sobre la estructura institucional de la Policía Nacional está disponible en el sitio oficial de la Policía Nacional.
El trabajo de campo también arroja resultados concretos en materia de fugas carcelarias. Desde el inicio de 2025 se han registrado 37 fugas de reclusos: de ese total, 21 han sido recapturados, 12 permanecen pendientes de captura y cuatro fallecieron en distintas circunstancias. La cifra revela que, pese a los esfuerzos institucionales, el sistema enfrenta presiones tanto en la prevención de fugas como en la recaptura de quienes logran escapar.
Abinader exige entrega y anuncia más tecnología para la seguridad
El presidente Luis Abinader aprovechó dos intervenciones públicas para enviar un mensaje directo a quienes figuran en las listas de requeridos. En la primera, reiteró el llamado a entregarse voluntariamente y anunció que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades operativas de la Policía Nacional. En una segunda ocasión, fue más explícito: advirtió que las personas identificadas en las órdenes de arresto están bajo vigilancia activa y que los equipos de seguridad trabajan de forma permanente para su localización.
El mandatario también encuadró el problema en términos sociales, subrayando que los grupos delictivos representan una minoría frente a una ciudadanía mayoritariamente comprometida con la convivencia pacífica. En esa línea, el Gobierno proyecta incorporar tecnología de punta, nuevos equipos y más agentes a las labores de seguridad, con énfasis en el modelo de patrullaje por cuadrantes, que permite una presencia policial más focalizada y eficiente en zonas de alta incidencia.
La estrategia de seguridad también se refleja en operativos puntuales. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones de Crímenes (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron recientemente un allanamiento en una residencia de Juan Dolio, donde incautaron un fusil de asalto, una pistola Glock, 141 municiones y US$34,200 en efectivo. Durante la intervención fue detenido el ciudadano alemán Nicola David Kahle. El operativo ilustra el tipo de acción conjunta que las autoridades buscan multiplicar en su ofensiva contra los prófugos de justicia y las redes delictivas que los protegen.

