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Policía no paga RD$10 millones a familias de pastores asesinados

Policía no paga RD$10 millones a familias de pastores asesinados

Más de un año después de que la sentencia que ordena el pago de RD$10 millones a favor de los familiares de los pastores asesinados Elisa Muñoz y Joel Díaz se volviera definitiva, la Policía Nacional no ha cumplido con dicha disposición. Así lo denuncia el abogado José Martínez Hoepelman, representante legal de la familia durante el proceso judicial por la muerte de los religiosos en Villa Altagracia.

La sentencia que llegó a la Suprema Corte y sigue sin cumplirse

Hoepelman explicó que el caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, donde la decisión quedó firme y sin posibilidad de apelación. Sin embargo, a pesar del carácter definitivo del fallo, los familiares de los pastores asesinados continúan esperando la indemnización que los tribunales ya les reconocieron. El abogado advirtió que se verá obligado a iniciar un nuevo proceso judicial para forzar el cumplimiento de lo que el propio Poder Judicial ya ordenó.

“Ahora voy a tener que iniciar otro proceso para que la Policía cumpla lo que el propio Poder Judicial decidió”, declaró Hoepelman durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre. La situación, a su juicio, no solo representa una injusticia para las familias afectadas, sino también una señal preocupante sobre el funcionamiento del Estado dominicano frente a sus propias obligaciones legales.

Lo que revela este caso sobre el incumplimiento institucional

Más allá del drama particular de los familiares de los pastores asesinados, Hoepelman señaló que el caso refleja un patrón sistemático: las instituciones públicas muestran reticencia a acatar voluntariamente las decisiones del Poder Judicial, obligando a los ciudadanos a alargar indefinidamente sus procesos para obtener reparaciones ya reconocidas por los tribunales.

El abogado cuestionó directamente la actitud de la Policía Nacional ante una sentencia que ya no admite recurso alguno. “¿No cree que la Policía debió haber dicho: ‘Mire, pastores, padres de los pastores, vengan, que definitivamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es definitiva y nosotros tenemos que reparar el daño que causamos a la sociedad’?”, planteó con evidente frustración.

  • La sentencia fue declarada definitiva tras agotar todas las instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia.
  • Los familiares de Elisa Muñoz y Joel Díaz llevan más de un año sin recibir la indemnización ordenada.
  • El abogado Hoepelman deberá iniciar un nuevo procedimiento legal para forzar el pago por parte de la Policía Nacional.
  • El caso es señalado como ejemplo de una práctica más amplia de incumplimiento de sentencias por parte de instituciones del Estado.

Para Hoepelman, el problema trasciende lo económico. El Estado, argumenta, tiene la obligación moral y legal de reconocer sus errores sin que los ciudadanos deban emprender nuevas batallas judiciales para cobrar lo que ya les fue concedido. “Cuando tenemos un país donde las autoridades se niegan o muestran reticentes a cumplir las decisiones del Estado, imagínese usted por dónde vamos”, advirtió.

El abogado cerró su postura con una reflexión que apunta directamente al modelo de Estado que considera necesario: “Yo no aspiro a un Estado así. Aspiro a un Estado que cumpla la ley y que, cuando tenga que reconocer que ha fallado, lo haga”. Una exigencia que, en el caso de los pastores asesinados, sigue sin respuesta institucional más de doce meses después de que la justicia emitiera su veredicto final.

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