By Una estafa de quince mil pesos a través de Facebook Marketplace desencadenó una cadena de hechos que terminó con la muerte de un joven y, meses después, con la imposición de prisión preventiva a uno de los implicados. El tribunal del Distrito Nacional dictó la medida cautelar contra Yoan Manuel Jiménez Medina, señalado como el arquitecto del engaño que puso en movimiento una tragedia irreversible en el sector Los Praditos de Santo Domingo.
La trampa que costó una vida
Todo comenzó en julio de 2026, cuando Lenin Jhericop Núñez de León publicó un anuncio en Facebook Marketplace ofreciendo un iPhone 15 Pro Max por 35 mil pesos. Jiménez Medina contactó al vendedor, obtuvo los detalles del dispositivo y, en un movimiento calculado, se presentó ante Enmanuel Contreras como el legítimo propietario del teléfono, logrando que este le transfiriera RD$15,000 como adelanto de la compra.
Con el dinero ya en su bolsillo, Jiménez Medina cerró el círculo del engaño: le informó a Núñez de León que Contreras iría a recoger el celular y a pagar el resto en persona, acordando el encuentro para el 1 de julio en el estadio de béisbol La Javilla. Contreras llegó al lugar sin saber que era víctima de una estafa, y Núñez de León llegó sin saber que el comprador no tenía dinero para pagar, porque ya lo había entregado a un intermediario que nunca fue el dueño del teléfono.
Cuando Núñez de León le reclamó el pago, Contreras huyó. La persecución que siguió fue brutal: el vendedor lo golpeó gravemente en la espalda y la cabeza para recuperar el dispositivo. Contreras fue trasladado a un centro médico de la capital, donde permaneció en estado de coma y bajo cuidados intensivos durante más de dos meses, hasta que falleció el 9 de septiembre a causa de las lesiones recibidas.
Lo que revela el proceso judicial contra Jiménez Medina
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Jiménez Medina, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra. La solicitud de coerción fue presentada por la procuradora fiscal Yesenia Hernández, y la magistrada Julia Laury Vásquez representó al Ministerio Público durante la audiencia. El juez Emmanuel López tomó la decisión y programó la revisión obligatoria de la medida para el 19 de enero de 2027.
Los cargos que enfrenta Jiménez Medina apuntan a dos marcos legales distintos que reflejan la naturaleza híbrida del delito:
- Violación del artículo 405 del Código Penal dominicano, relacionado con la estafa.
- Violación del artículo 12 de la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber utilizado una plataforma digital para ejecutar el engaño.
Jiménez Medina había permanecido prófugo desde los hechos y fue arrestado el 12 de octubre, más de tres meses después de la muerte de Contreras. Su captura cerró la fase de búsqueda del caso, pero abrió la discusión sobre el grado de responsabilidad penal de quien diseña una estafa cuyas consecuencias superan con creces lo que cualquier tribunal podría haber anticipado.
El agresor material ya cumple condena en Najayo
Mientras el proceso contra Jiménez Medina avanza, Núñez de León, el agresor material de Contreras, ya cumple tres meses de prisión preventiva por homicidio voluntario en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, desde el 16 de septiembre. La distinción entre ambos imputados es jurídicamente relevante: uno ejecutó la violencia física, el otro creó las condiciones para que esa violencia ocurriera.
El caso expone con crudeza los riesgos de las transacciones informales en plataformas como Facebook Marketplace, donde la ausencia de verificación de identidad permite que intermediarios malintencionados manipulen a compradores y vendedores simultáneamente. La muerte de Enmanuel Contreras no fue el resultado de un robo convencional, sino de una estafa que convirtió a un vendedor legítimo en agresor involuntario y a un comprador de buena fe en víctima fatal. La prisión preventiva impuesta a Jiménez Medina es, por ahora, el primer reconocimiento judicial de esa cadena de responsabilidades.
