By Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este domingo una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo contra Santiago Hazim, señalado como el principal acusado de liderar una red de corrupción que presuntamente estafó al Estado dominicano por un monto aproximado de RD$15,900 millones a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público sostiene que Hazim, junto a otros nueve imputados, ejecutaron una estafa que impactó a más de siete millones de afiliados de SeNaSa, quienes son en su mayoría de bajos recursos económicos. Entre las irregularidades detectadas, la acusación incluye el caso de un paciente que fue sometido a múltiples procedimientos de cateterismo innecesarios, lo cual se realizó con el fin de obtener beneficios económicos.
Los delitos imputados al grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó estas acciones como “absolutamente criminal” y señaló que se está investigando si la sobreexposición médica a tratamientos innecesarios pudo haber causado la muerte de uno de los pacientes afectados.
Durante la audiencia sobre la medida de coerción, Santiago Hazim afirmó sufrir de pérdida parcial de la visión a causa de esclerosis múltiple, lo que, según su declaración, afecta su capacidad visual. El Ministerio Público, sin embargo, indicó que la supuesta condición de salud no fue validada por ningún médico forense en el proceso judicial, sugiriendo que se intenta utilizar este argumento para evitar la prisión preventiva. Aclaró que esta medida corresponde a la gravedad de los delitos cometidos en contra de los afiliados de SeNaSa.
Las autoridades judiciales también reportaron que, de acuerdo a testimonios, Hazim continuaba asistiendo normalmente a SeNaSa y mantenía una vida social activa hasta el inicio del proceso judicial en su contra. El Ministerio Público presentó un extenso legajo probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales y más de 35 pruebas testimoniales y periciales que, presumiblemente, vinculan a los imputados con la estructura corrupta.
