By Desde Madrid, la vicepresidenta Raquel Peña lanzó una advertencia que resonó ante más de 60 partidos de 42 países: la corrupción no es solo un problema judicial, es una amenaza directa a la supervivencia de la democracia. Su intervención en el EPP Libertas Forum convirtió a República Dominicana en un caso de estudio sobre cómo reconstruir la credibilidad institucional sin distinción de colores políticos.
Lo que Raquel Peña advirtió ante el EPP Libertas Forum
La vicepresidenta participó en el panel “Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico”, donde argumentó que la pérdida de confianza ciudadana en gobiernos y partidos no es un fenómeno abstracto: es el caldo de cultivo del populismo. Raquel Peña fue enfática al señalar que “un país sin credibilidad no podrá avanzar”, conectando directamente la integridad institucional con la estabilidad política y el crecimiento económico.
En su intervención, Peña subrayó que la lucha anticorrupción debe abarcar tanto los casos heredados de administraciones anteriores como los que surgen dentro del gobierno actual. Esa postura, políticamente incómoda para cualquier administración en ejercicio, fue presentada como una condición no negociable para que la ciudadanía no pierda la fe en las instituciones. Coincidió en ese punto con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien también participó en el foro y destacó la responsabilidad colectiva de partidos y gobiernos en la defensa del sistema democrático.
La reforma que cambia el juego: independencia del Ministerio Público
El argumento central de Raquel Peña ante los líderes europeos descansó sobre una reforma concreta: la modificación constitucional que transformó el proceso de selección del Procurador General de la República, reduciendo la influencia directa del Poder Ejecutivo. Para la vicepresidenta, este cambio no es un detalle técnico, sino la columna vertebral de la credibilidad institucional dominicana.
Peña presentó este fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público como una de las reformas más significativas bajo la administración del presidente Luis Abinader, precisamente porque permite investigar y perseguir hechos de corrupción sin que el origen político del caso determine su destino judicial. La lógica es directa: si la fiscalía depende del ejecutivo, la credibilidad del sistema entero queda comprometida.
- Reforma constitucional que modifica la selección del Procurador General
- Reducción de la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público
- Persecución de irregularidades en administraciones pasadas y en el gobierno actual
- Políticas activas contra la corrupción como eje de la agenda institucional
Los números que respaldan el discurso: inversión y calificación crediticia
El mensaje político de Peña no llegó solo con argumentos normativos. La vicepresidenta respaldó su exposición con datos económicos que, según ella, demuestran que la apuesta por la institucionalidad tiene retorno tangible. La inversión extranjera directa alcanzó los US$5,032.3 millones en 2025, un incremento de US$509.1 millones frente a 2024, equivalente a un crecimiento del 11.3%, cifra confirmada por el Banco Central como el mayor flujo anual en la historia del país.
A ese dato se suman dos señales del mercado financiero internacional: la mejora en la calificación crediticia de Moody’s a Ba2 con perspectiva estable y la ratificación de Fitch en BB- durante abril de 2026. Peña enmarcó estos indicadores dentro de la Meta 2036, el objetivo de duplicar el PIB real del país, presentándolo como evidencia de que seguridad jurídica, inversión internacional e instituciones democráticas robustas no son objetivos contradictorios, sino complementarios.
Un foro de peso donde República Dominicana tomó la palabra
El escenario elegido para este mensaje no fue menor. El EPP Libertas Forum, que concluye el jueves en la capital española, reunió a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica. Entre los asistentes figuraron el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; la opositora venezolana María Corina Machado; y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, entre otros líderes de primer nivel.
En ese contexto, la intervención de Raquel Peña posicionó a República Dominicana no como un receptor de lecciones sobre democracia, sino como un interlocutor con reformas concretas y resultados medibles que ofrecer al debate atlántico. La apuesta del gobierno de Abinader, según la vicepresidenta, es demostrar que combatir la corrupción con independencia institucional no debilita al Estado, sino que lo hace más competitivo, más creíble y más capaz de atraer el tipo de inversión que sostiene el desarrollo a largo plazo.
