By En República Dominicana, el costo de alimentar familia de cuatro integrantes oscila entre RD$17,000 y RD$19,000 mensuales, una cifra que pone en evidencia la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y las exigencias mínimas de una dieta nutritiva, variada y equilibrada. Lejos de ser un dato aislado, esta realidad refleja una tensión estructural que economistas, organismos internacionales y hogares vulnerables llevan años advirtiendo sin que las políticas públicas hayan logrado resolverla del todo.
Lo que revela el costo de alimentar familia en República Dominicana
El economista Haivanjoe NG Cortiñas advierte que los hogares de menor ingreso destinan entre el 35% y el 45% de sus ingresos a la alimentación, más del doble del porcentaje que invierten las familias de mayores recursos. Sin embargo, ese esfuerzo desproporcionado no garantiza una dieta suficiente ni balanceada. La paradoja es reveladora: se gasta más en proporción, pero se come peor en calidad.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2026, la dieta saludable en el país se encuentra entre las más costosas de América Latina. La canasta básica de los hogares con menos recursos asciende a RD$29,757 mensuales, mientras que la canasta promedio nacional llega a RD$49,803. Estas cifras contrastan duramente con los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores dominicanos, quienes no solo enfrentan el costo de los alimentos, sino también el de vivienda, transporte y salud.
NG Cortiñas precisa que, en los últimos cinco años, un trabajador promedio pasó de cubrir alrededor del 50% del costo de la canasta nacional al 63%, un avance real pero insuficiente. Aún le faltan aproximadamente RD$18,000 al mes para cerrar esa brecha. Las cifras son contundentes: seis de cada diez trabajadores no logran cubrir ni siquiera la canasta de los hogares más pobres, y nueve de cada diez no pueden costear la canasta promedio nacional.
Por qué la inflación y los carbohidratos agravan la crisis nutricional
El economista Juan del Rosario aporta una perspectiva complementaria que va más allá de los números. Señala que la inclusión de República Dominicana en índices internacionales relacionados con el hambre debe leerse con precaución: ubicarse en una categoría favorable no garantiza que toda la población acceda a una alimentación adecuada. El país, con un ingreso medio, enfrenta retos de seguridad alimentaria que no se explican solo por la disponibilidad de alimentos, sino por la distribución del ingreso y la capacidad de compra real de los hogares.
Del Rosario identifica uno de los síntomas más visibles de esta crisis: la dependencia de alimentos con alto contenido de carbohidratos, como el arroz y el pan, en detrimento de una dieta diversificada que incluya proteínas, frutas y vegetales. Una familia puede no estar en situación de hambre y, al mismo tiempo, no poder permitirse una alimentación equilibrada. Esa distinción, subraya el economista, debe ser central en el diseño de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria.
A esto se suma el impacto de una inflación que supera el 5%, que erosiona el presupuesto familiar y reduce el margen disponible para adquirir alimentos de mayor calidad nutricional. Incluso los hogares con ingresos mínimos ven comprometida su capacidad de mejorar su dieta cuando los precios suben más rápido que los salarios.
- La canasta básica de hogares pobres: RD$29,757 mensuales
- La canasta promedio nacional: RD$49,803 mensuales
- Brecha mensual del trabajador promedio: aproximadamente RD$18,000
- Porcentaje del ingreso destinado a alimentos en hogares pobres: entre el 35% y el 45%
- Trabajadores que no cubren la canasta promedio: nueve de cada diez
Subsidios, salarios y el desafío de sostener la seguridad alimentaria
Frente a este panorama, Del Rosario plantea que los subsidios sociales, el incremento de los ingresos reales y la mejora de la productividad del sector alimentario son pilares esenciales en la estrategia del país hacia el objetivo de hambre cero. No obstante, advierte que la sostenibilidad financiera de este modelo enfrenta desafíos significativos. Las transferencias estatales no pueden ser el único mecanismo de soporte: deben complementarse con un aumento real en la productividad y los salarios, de modo que los trabajadores puedan adquirir más bienes y servicios por su propio esfuerzo.
El economista también señala la incertidumbre que pesa sobre el sector arrocero ante la política de importaciones enmarcada en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. La apertura comercial plantea interrogantes sobre el impacto en el empleo agrícola y en la capacidad productiva local para satisfacer la demanda interna. En un país donde el arroz es el alimento base de millones de familias, la sostenibilidad de la seguridad alimentaria dependerá tanto del poder adquisitivo de los consumidores como de la fortaleza del aparato productivo nacional. Alimentar familia con dignidad, en definitiva, exige una respuesta que combine política salarial, inversión productiva y protección social de forma coherente y sostenida.
