By TL;DR: El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Ángel Martínez, acusado de violar la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en perjuicio de Milagros De Camps Germán.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez por su presunta implicación en delitos cibernéticos, en perjuicio de Milagros Marina De Camps Germán. Este caso cobra relevancia por la atención que genera sobre la protección de los derechos en entornos digitales y las consecuencias legales de las acciones en línea.
Detalle de la Solicitud y Delitos Cibernéticos Involucrados
La solicitud presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional se fundamenta en la supuesta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07, legislación que regula los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana. Según el expediente, el imputado habría incurrido en difamación e injuria mediante publicaciones en redes sociales, afectando la vida personal, laboral y profesional de la víctima, quien es abogada de profesión.
Medidas de Coerción Solicitadas
- Garantía económica: Diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000).
- Presentación periódica: Comparecencia regular ante las autoridades judiciales.
- Impedimento de salida: Prohibición de abandonar el país.
Etapas del Proceso y Relevancia Legal
La instancia lleva la firma de Kelvyn Colón, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional; Marineldy Peña, procuradora fiscal y coordinadora del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual e Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; y el fiscalizador Rafael Reyes. El caso fue asignado al Séptimo Juzgado de la Instrucción, con audiencia programada inicialmente para las 9:00 de la mañana del jueves y posteriormente aplazada para las 2:00 de la tarde a solicitud de la defensa de Martínez. Los representantes legales señalaron que el imputado enfrenta otros procesos similares en distintas jurisdicciones y aún preparan los presupuestos de defensa.
Este proceso resalta la creciente preocupación sobre los delitos cibernéticos en el país y las posibles repercusiones legales para quienes incurren en este tipo de conductas. El seguimiento a este caso podría marcar precedentes en la aplicación de la Ley 53-07 y la protección de los derechos de las personas ante acciones dañinas en entornos digitales.
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