By El asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión recolector de desechos que murió mientras cumplía su jornada laboral, ha desembocado en uno de los procesos penales más seguidos en Santiago en los últimos meses. Siete hombres enfrentan cargos provisionales que, de prosperar ante los tribunales, podrían traducirse en condenas de hasta 30 años de prisión, conforme al Código Penal dominicano. La Fiscalía no solo tiene imputados: tiene pruebas videográficas, un arma recuperada y el respaldo institucional de la procuradora general de la República.
Lo que revela el expediente contra los siete acusados
El Ministerio Público imputa a los acusados los delitos de asesinato con premeditación y acechanza, asociación de malhechores y violación a la Ley de Armas. La calificación de premeditación es determinante: implica que, para la Fiscalía, el ataque no fue un incidente espontáneo sino un crimen planificado y ejecutado en grupo. Los siete imputados identificados son:
- Adony Antonio Ureña Ventura
- Andrés Monclú González
- Carlos Andrés Roa Morán
- Miguel García Balbuena
- Joanfry Joel Núñez
- Juan Carlos Soto Ortiz
- Kevin Francisco Metz Cruz
Todos permanecen arrestados a la espera de que un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago resuelva la solicitud de medida de coerción, que incluye prisión preventiva. Además, las autoridades mantienen activa una orden de arresto contra un octavo implicado que permanece prófugo.
Cómo ocurrió el ataque que terminó con la vida de Deivy Abreu
Según la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía, Deivy Abreu fue interceptado mientras conducía su camión recolector por la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez de Santiago. El grupo de motoristas lo agredió en movimiento, pero la víctima no se detuvo. Ante eso, uno de los atacantes colocó su motocicleta frente al vehículo para bloquearlo, desencadenando una persecución que concluyó en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Fue allí donde la turba lo atacó con un cuchillo de caza, propinándole múltiples estocadas que resultaron mortales. Abreu Quezada falleció horas después mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
Las pruebas reunidas por el Ministerio Público incluyen registros videográficos que muestran a los agresores incitando la violencia, testimonios de testigos y el arma utilizada, ya recuperada. Este conjunto de evidencias sostiene la tesis de que los acusados actuaron de forma coordinada como una turba criminal con un objetivo definido.
La respuesta institucional y el papel de CORLUMSA
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó directamente a los fiscales a proceder con cargos preliminares, una señal del peso político e institucional que ha adquirido el caso. Por su parte, la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu Peña, argumentó ante el tribunal que la naturaleza del crimen justifica la imposición de prisión preventiva sin alternativas.
En paralelo, la sociedad comercial CORLUMSA, empleadora de la víctima, ha designado al abogado Melvin Velásquez Then como su representante legal para seguir el proceso y presentar una querella de responsabilidad penal contra los implicados. Los familiares de Deivy Abreu también tienen el derecho de presentar su propia querella, lo que podría ampliar el frente legal que enfrentan los acusados. El caso está siendo seguido de cerca por el Ministerio Público de la República Dominicana, que ha comprometido todos sus recursos para sostener la acusación.
El proceso judicial en torno al caso Deivy Abreu apenas comienza, pero la solidez del expediente presentado por la Fiscalía y el respaldo de las más altas autoridades del Ministerio Público anticipan un juicio que pondrá a prueba la capacidad del sistema de justicia dominicano para responder con firmeza ante crímenes cometidos en plena vía pública y con total impunidad aparente.
