By En un movimiento que sorprendió por su velocidad, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional, una legislación que pasó del Congreso a la firma presidencial en apenas seis días. La ley anticrisis llega en un momento en que el gobierno busca blindar las finanzas públicas frente a las turbulencias del mercado global y sostener subsidios que millones de dominicanos sienten directamente en su bolsillo.
Lo que revela la ley anticrisis aprobada en tiempo récord
El texto legislativo, aprobado por los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados en dos sesiones consecutivas, tiene un objetivo central: generar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos en ingresos adicionales para contrarrestar el impacto de la crisis internacional. Esos recursos están destinados, en buena parte, a financiar los subsidios en combustibles y electricidad que el Estado mantiene como amortiguador social ante la escalada de precios.
La legislación no se limita a recaudar más. Su arquitectura apunta a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fomentar la inversión privada y crear condiciones más favorables para el empleo y el desarrollo productivo. En ese sentido, combina medidas de corto plazo —como la amnistía fiscal— con reformas estructurales que buscan modernizar el sistema tributario dominicano.
Amnistía fiscal y nuevas reglas que cambian el juego para empresas
Uno de los elementos más relevantes de la ley anticrisis es la amnistía fiscal temporal, que permite a los contribuyentes regularizar deudas tributarias pendientes hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida abre una ventana para que personas y empresas pongan al día sus obligaciones sin enfrentar las penalidades habituales, lo que podría traducirse en un flujo significativo de recursos hacia el fisco en el corto plazo.
En paralelo, la ley introduce ajustes en el régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y nuevas disposiciones sobre ganancias de capital inmobiliarias, un sector que históricamente ha operado con poca claridad normativa. Para el tejido empresarial, los cambios más concretos incluyen:
- Depreciación acelerada de maquinarias y equipos industriales como incentivo a la inversión.
- Facilidades en el Régimen Simplificado de Tributación (RST) para micro, pequeñas y medianas empresas.
- Derogación de anticipos tributarios para microempresas.
- Condiciones de pago más flexibles para las pequeñas empresas.
- Reducción del impuesto a premios de apuestas superiores a 200,000 pesos en bancas de lotería, del 25% al 15%.
Estas disposiciones apuntan a reducir la carga administrativa sobre los sectores más vulnerables del ecosistema productivo, al tiempo que se mantiene la presión recaudatoria sobre segmentos con mayor capacidad contributiva.
La oposición que no pudo frenar la velocidad legislativa
La rapidez del proceso no estuvo exenta de tensión política. Los legisladores de oposición presentaron 10 modificaciones al proyecto de ley, todas rechazadas durante el debate en el Congreso Nacional. El bloque oficialista, con mayoría suficiente para imponer su agenda, optó por preservar el texto original sin concesiones, lo que aceleró la aprobación pero dejó a los partidos minoritarios fuera del proceso de negociación.
A pesar de ese choque legislativo, la ley recibió el respaldo de diversos sectores nacionales que ven en las medidas una respuesta necesaria ante la presión que ejercen los mercados internacionales sobre la economía dominicana. El gobierno de Abinader apostó por la velocidad como señal de determinación: seis días desde la presentación hasta la promulgación es un plazo inusualmente corto para una legislación de esta envergadura, y esa celeridad es, en sí misma, parte del mensaje político que el Ejecutivo quiso enviar. Para conocer más sobre las obligaciones tributarias vigentes, los contribuyentes pueden consultar el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
