By El Estado dominicano no acepta el cierre anticipado del expediente. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el gobierno ha interpuesto un recurso de apelación parcial contra la decisión judicial que otorgó auto de no ha lugar al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el marco del Caso Calamar. La jugada legal reactiva una batalla judicial que parecía inclinarse a favor del exfuncionario y devuelve el expediente a una instancia superior.
Lo que el Estado le reprocha al juez de instrucción
El recurso fue presentado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y tiene un objetivo preciso: que la Cámara Penal de la Corte de Apelación revoque la resolución emitida el 29 de mayo y ordene la apertura de un juicio de fondo contra Gonzalo Castillo. Paralelamente, el ERPP solicita que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales vigentes mientras el proceso continúa su curso, evitando así que el exministro recupere plena libertad de movimiento sobre sus bienes antes de que la Corte se pronuncie.
En el escrito de apelación, los representantes del Estado argumentan que la decisión impugnada incurrió en errores tanto de hecho como de derecho al valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público. El punto central del reproche apunta directamente a la forma en que el juez de instrucción evaluó los supuestos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento político descrito en la acusación. Para el ERPP, esa valoración fue deficiente y no justificaba descartar al exministro de la fase de juicio.
Gonzalo Castillo y el Caso Calamar: lo que revela la apelación
La resolución que ahora se impugna no fue un fallo absoluto a favor de todos los imputados. De hecho, el juez admitió parcialmente la acusación y envió a varios de los involucrados a juicio de fondo. Sin embargo, determinó que las pruebas específicas contra Gonzalo Castillo y otros acusados no alcanzaban el umbral necesario para justificar la apertura de juicio en esta etapa procesal. Esa distinción es precisamente la que el Estado cuestiona: no la decisión global, sino el tratamiento diferenciado que recibió el exministro.
El Caso Calamar, investigado por el Ministerio Público de la República Dominicana, involucra a múltiples imputados vinculados a presuntos esquemas de corrupción en contratos de obras públicas y financiamiento político irregular. La figura de Castillo, quien ocupó la cartera de Obras Públicas durante el gobierno de Danilo Medina, ha sido uno de los focos de mayor atención mediática desde que el caso fue judicializado.
- El recurso de apelación fue interpuesto por el ERPP ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
- Se solicita la revocación de la resolución del 29 de mayo que otorgó el no ha lugar.
- El Estado pide que se ordene la apertura de juicio de fondo contra Gonzalo Castillo.
- También se solicita mantener las medidas de coerción y restricciones patrimoniales vigentes.
- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional será la instancia que decida.
La próxima etapa que definirá el rumbo del caso
Con la presentación de este recurso, el Caso Calamar entra en una nueva fase judicial de consecuencias potencialmente significativas. La Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá analizar los argumentos del ERPP y determinar si la valoración probatoria del juez de instrucción fue correcta o si, por el contrario, existían méritos suficientes para llevar a Gonzalo Castillo a juicio. La decisión de la Corte no solo afectará al exministro, sino que también marcará el tono sobre cómo se procesan los casos de corrupción de alto perfil en el país.
Mientras tanto, el proceso continúa sin pausa para los demás imputados que ya fueron enviados a juicio de fondo. El Caso Calamar, lejos de cerrarse, mantiene abiertas varias líneas de litigio simultáneas que seguirán ocupando los tribunales dominicanos en los próximos meses.
