By El reloj fiscal arrancó este viernes. El impuesto sobre transferencias digitales y cheques bancarios en República Dominicana subió del 0.15 % al 0.20 % —equivalente a 2.0 por mil sobre cada operación— en el marco de la Ley de Modernización Fiscal. La medida ya está en vigor, y el sector empresarial no tardó en alzar la voz: piden una revisión urgente antes de que el impacto se sienta en los bolsillos de los usuarios y en los hábitos de pago del país.
El impuesto a transferencias digitales que preocupa al sector privado
El ajuste aplica sobre el monto de cada cheque pagado por entidades de intermediación financiera y sobre las transferencias electrónicas entre cuentas de distintos titulares. No se trata de un gravamen nuevo, sino de un incremento sobre uno ya existente, lo que en teoría lo hace menos disruptivo. Sin embargo, para los empresarios, la dirección del cambio importa tanto como su magnitud: cada décima de punto porcentual adicional sobre millones de transacciones diarias se traduce en costos reales y acumulados para empresas y ciudadanos.
Mario Pujols, vicepresidente de la Asociación de Industriales de República Dominicana (AIRD), fue directo al señalar el riesgo principal: este tipo de cargas sobre los medios electrónicos puede desincentivar la bancarización y empujar a más personas y negocios hacia el efectivo. Un retroceso que, paradójicamente, reduciría la base tributaria que el Estado busca ampliar con la propia reforma fiscal.
Lo que revela la lista de exenciones
No todas las operaciones financieras quedan gravadas. La normativa establece un conjunto de exenciones que protegen a los segmentos más sensibles del sistema. Quedan fuera del impuesto las siguientes operaciones:
- Retiros de efectivo en cajeros automáticos y oficinas bancarias
- Transferencias entre cuentas de una misma persona
- Pagos con tarjeta de crédito
- Pagos a la Seguridad Social
- Transacciones de fondos de pensiones
- Pagos de impuestos al Estado dominicano
La lista de exenciones revela una intención de diseño: proteger los flujos vinculados al Estado y a la protección social, mientras se grava la actividad financiera privada entre distintos titulares. El cobro del impuesto se realizará ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), conforme a las disposiciones que esta entidad establezca para su recaudación.
Pujols y Hernández Paz: dos voces, una misma señal de alerta
Más allá del impuesto a las transferencias digitales, el debate empresarial se amplió hacia otro flanco de la reforma. Alfredo Hernández Paz, CEO de Tripulantes VIP, solicitó una revisión del incremento de 10 dólares en los pasajes aéreos incluido en la misma normativa fiscal. Su argumento apunta a un doble efecto negativo: el encarecimiento de los boletos para los viajeros que pagan con tarjeta de crédito y el freno al desarrollo de una industria de aviación que aún está en expansión en el país.
Pujols, por su parte, no se limitó a criticar. Propuso un mecanismo concreto: abrir un espacio de diálogo entre el sector público y el privado para monitorear el comportamiento del mercado tras la entrada en vigor de la medida y ajustar lo que sea necesario. La señal que envían ambos ejecutivos es clara: el empresariado dominicano no se opone a la modernización fiscal, pero exige que sus efectos secundarios sean evaluados con datos y no ignorados por decreto.
El verdadero termómetro de esta política llegará en las próximas semanas, cuando los volúmenes de transferencias digitales reflejen —o no— un cambio en el comportamiento de los usuarios. Si el efectivo gana terreno, el costo fiscal de la medida podría superar con creces lo recaudado.
