By INTRANT advierte a la ciudadanía dominicana que no ha autorizado ningún incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros y exige que la población se niegue a pagar cobros no aprobados. El llamado, emitido desde la institución que regula el tránsito y el transporte terrestre en el país, llega en medio de reportes de conductores y sindicatos que habrían comenzado a aplicar aumentos de forma unilateral, en abierta violación a la normativa vigente.
Lo que dice la ley y por qué nadie más puede fijar tarifas
El marco legal es claro y no admite interpretaciones. El artículo 125 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorga al INTRANT la competencia exclusiva para establecer el régimen tarifario del transporte de pasajeros en todo el territorio nacional. Esto significa que ningún actor del sector —sea conductor individual, sindicato, federación, empresa o proveedor de servicio— tiene potestad legal para modificar el precio del pasaje por cuenta propia.
Cualquier ajuste tarifario, sin importar el argumento que lo justifique, debe contar con la autorización previa del organismo competente antes de aplicarse. La institución fue enfática en este punto: el procedimiento no es opcional ni negociable, y saltárselo constituye una infracción directa a la ley.
INTRANT advierte sobre sanciones y defiende al usuario
El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, elevó el tono del mensaje al señalar que los aumentos aplicados sin el consentimiento requerido no solo son ilegales, sino que pueden derivar en consecuencias concretas para quienes los impongan. Las sanciones previstas incluyen:
- Multas administrativas para conductores que cobren tarifas no autorizadas.
- Sanciones para sindicatos, federaciones o empresas que promuevan o avalen incrementos ilegales.
- Acciones regulatorias contra cualquier proveedor de servicio que viole las disposiciones de la Ley 63-17.
Morrison subrayó que proteger los derechos de los usuarios del transporte público es una prioridad institucional. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a no ceder ante presiones de pago y a reportar cualquier cobro irregular a través de los canales oficiales del INTRANT. La denuncia ciudadana, en este contexto, se convierte en un mecanismo de control tan importante como la fiscalización directa del organismo.
Lo que viene: transparencia y comunicación oficial
El director ejecutivo cerró su pronunciamiento con un compromiso institucional: cualquier decisión vinculada a las tarifas del transporte será comunicada de manera oportuna y conforme a lo estipulado en la Ley 63-17. Esto implica que, si en algún momento se aprueba un ajuste legítimo, la ciudadanía lo sabrá antes de que se aplique, no después.
El mensaje de fondo es directo: mientras el INTRANT no emita una comunicación oficial autorizando un cambio tarifario, el precio del pasaje permanece igual. Pagar más sin ese respaldo no es una obligación; es una cesión innecesaria ante una práctica ilegal. La institución pide a los usuarios que conozcan sus derechos y los ejerzan.
