By La decisión de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no someterse al proceso de evaluación constitucional ha encendido las alarmas en organizaciones de la sociedad civil. Lo que en apariencia son retiros individuales revela, según los observadores, una señal más profunda sobre las condiciones en que opera el sistema judicial dominicano y sobre la capacidad del Estado para retener el talento que ha construido durante décadas.
Lo que revela el retiro de jueces de la Suprema Corte
Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) de Altas Cortes, fue directa al evaluar la situación: la salida de tres de los cuatro magistrados que decidieron no continuar —todos con carrera judicial— representa una pérdida significativa de capital humano para la judicatura. “Es pertinente cuestionar si el sistema está proporcionando las condiciones necesarias para generar confianza en el mecanismo constitucional de evaluación y fomentar la permanencia del talento y el liderazgo judicial”, subrayó Blanco.
La ROI reconoce que la evaluación de los jueces de la Suprema Corte es un mecanismo constitucional esencial para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia. Sin embargo, advierte que ese mecanismo solo cumple su función cuando se ejecuta de manera transparente, con respeto al debido proceso y con criterios de paridad. Cuando esas condiciones no se garantizan, el resultado no es el fortalecimiento institucional, sino la deserción del talento.
La oportunidad histórica que se pierde con estas salidas
Entre los retiros que más preocupan a la organización figuran los de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, dos figuras con trayectorias destacadas dentro del Poder Judicial. Su salida no solo implica la pérdida de experiencia acumulada, sino que interrumpe un avance que había tomado años consolidar.
En diciembre de 2025, el número de mujeres en la Suprema Corte de Justicia ascendió a cinco, un hito relevante aunque insuficiente frente a lo que exige el artículo 39.5 de la Constitución dominicana en materia de equidad de género. Ese avance ahora enfrenta un retroceso concreto. Blanco señaló que la magistrada Salcedo Fernández reunía las condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte, una posibilidad histórica para la representación femenina que, con su retiro, queda frustrada.
- Nancy Salcedo Fernández: magistrada con carrera judicial, candidata potencial a presidir la Suprema Corte.
- María Garabito Ramírez: magistrada con trayectoria destacada dentro del Poder Judicial.
- Tres de los cuatro magistrados que se retiran provienen de la carrera judicial.
- El número de mujeres en la Suprema Corte había llegado a cinco en diciembre de 2025.
Las fallas del proceso que desincentivan la participación judicial
La ROI no llega a estas conclusiones sin respaldo. La organización recordó advertencias formuladas en procesos anteriores, donde se identificaron prácticas que pudieron haber desincentivado la participación de jueces en las evaluaciones. Entre ellas: cambios en las reglas durante el proceso, ausencia de criterios claros, publicación tardía de actas y decisiones escasamente motivadas que generaron incertidumbre sobre el futuro de quienes se sometían a evaluación.
Ese patrón, según la organización, no ha sido corregido del todo. La reciente publicación de actas de las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura fue señalada como insuficiente: los documentos no explican cómo se ponderaron los méritos de los evaluados ni qué criterios guiaron las decisiones. Para la ROI, la transparencia no es un gesto formal, sino una condición estructural para que el proceso goce de legitimidad ante los propios jueces y ante la ciudadanía.
La organización insiste en que las evaluaciones judiciales deben realizarse con respeto a la independencia judicial, igualdad de trato y dignidad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales. Estos principios no son negociables si el objetivo es construir un sistema de justicia sólido y confiable. Más información sobre los estándares de evaluación judicial puede consultarse en el portal del Poder Judicial de la República Dominicana.
El momento es crítico. La Constitución dominicana exige promover una representación equilibrada de ambos géneros en los espacios de decisión, y esa responsabilidad recae también sobre el Consejo Nacional de la Magistratura en sus próximas decisiones de ratificación y nuevas designaciones. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si el proceso de evaluación de la Suprema Corte se convierte en un instrumento de fortalecimiento institucional o en un factor más de erosión del capital judicial que el país ha tardado décadas en construir.
