By Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la República Dominicana han puesto en evidencia una contradicción difícil de sostener: el país se presenta como aliado estratégico de Washington, apoya sus posiciones en la ONU y la OEA, permite el uso de sus bases aéreas para operaciones antinarcóticos, y aun así acumula penalidades comerciales que ningún socio confiable debería enfrentar. La administración de Luis Abinader, que llegó al poder en 2020 prometiendo una relación privilegiada con Estados Unidos, no ha logrado revertir ese patrón.
Las sanciones económicas que definen una relación deteriorada
El capítulo más reciente de esta tensión llegó con un arancel del 12,5% impuesto por Washington a productos dominicanos, justificado por la supuesta incapacidad del país para aplicar de forma efectiva una prohibición contra la importación de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso. La medida no llegó sola: un informe del gobierno estadounidense señala además que la República Dominicana habría participado en el transbordo de mercancías de origen chino para evadir aranceles, una acusación que complica aún más la narrativa oficial de alineamiento con los intereses de Trump.
No es la primera vez que el país enfrenta este tipo de presión. En años anteriores, Washington ya había aplicado un arancel del 10% a productos dominicanos y había prohibido la importación de azúcar proveniente del Central Romana, también bajo acusaciones de trabajo forzoso. Esa última sanción fue levantada en junio de 2023, pero su existencia dejó una marca en la relación bilateral que no se ha borrado del todo.
Lo que revela la paradoja del aliado castigado
La tensión resulta más llamativa si se considera el historial de gestos diplomáticos que Santo Domingo ha ofrecido a Washington. Desde el inicio de la gestión de Abinader, el gobierno dominicano anunció que no permitiría inversiones chinas en sectores sensibles de la economía nacional, una señal directa hacia Estados Unidos en un momento en que la competencia con Pekín dominaba la agenda geopolítica. El gesto adquiere más peso si se recuerda que fue el gobierno de Danilo Medina quien estableció relaciones diplomáticas con China en 2017, decisión que generó fricciones con Washington en su momento.
En 2025, la cooperación fue un paso más allá: se firmó un acuerdo que autoriza a Estados Unidos a utilizar bases aéreas dominicanas para operaciones contra el narcotráfico, una concesión de soberanía que pocos aliados regionales han hecho. El gobierno dominicano también ha respaldado sistemáticamente las posiciones estadounidenses en organismos multilaterales como la ONU y la OEA. Abinader, por su parte, ha insistido en que las relaciones entre ambos países son “muy especiales”, una fórmula que repite con frecuencia pero que los hechos comerciales desmienten con igual frecuencia.
- Arancel del 10% aplicado en años previos a productos dominicanos
- Prohibición de importación de azúcar del Central Romana por trabajo forzoso, levantada en junio de 2023
- Arancel del 12,5% por fallas en la aplicación de normas contra el trabajo forzoso
- Acusación de transbordo de mercancías chinas para evadir aranceles estadounidenses
- Acuerdo de 2025 que permite a EE.UU. operar desde bases aéreas dominicanas
Cinco años sin embajador y una diplomacia a media marcha
Uno de los síntomas más reveladores del estado real de la relación bilateral es la ausencia de un embajador oficial de Estados Unidos en Santo Domingo durante los últimos cinco años. Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Washington no ha designado un representante de pleno rango en el país, una omisión que ha dificultado la diplomacia formal y que muchos analistas interpretan como una señal de la baja prioridad que la República Dominicana ocupa en la agenda de Washington, pese a los discursos de amistad.
En ese vacío institucional, la embajadora Leah Francis Campos ha asumido un rol activo, aunque no siempre en la dirección que el gobierno dominicano hubiera preferido. Campos ha criticado públicamente la participación del país en ciertos foros internacionales donde se debaten temas de interés para Estados Unidos, lo que añade una capa de fricción a una relación que oficialmente se describe como armoniosa. Durante la administración Biden, las presiones también incluyeron el manejo de la migración haitiana, aunque en ese punto la llegada de Trump al poder trajo un alineamiento más claro: Washington respaldó la postura dominicana de no aceptar migrantes irregulares provenientes de Haití.
El cuadro que emerge es el de un país que ha apostado fuerte por su relación con Estados Unidos, ha cedido en puntos sensibles de soberanía y política exterior, y aun así no ha logrado traducir esa apuesta en una reducción de las sanciones económicas que pesan sobre su comercio. Para la administración Abinader, resolver esa ecuación sigue siendo una de las asignaturas pendientes más costosas de su gestión. Más información sobre las relaciones comerciales en el marco del portal oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
