By El caso Senasa volvió a quedar en suspenso. La audiencia donde se discutiría la prórroga solicitada por el Ministerio Público para presentar acusación formal fue reprogramada para el 4 de septiembre, luego de que uno de los abogados defensores no pudiera asistir por el fallecimiento de su padre. Lo que debía ser un paso decisivo en el proceso se convirtió en una nueva espera para un expediente que ya acumula tensiones entre la acusación y las defensas.
Por qué se aplazó la audiencia del caso Senasa
Los implicados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaba previsto que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conociera la solicitud del órgano acusador. Sin embargo, la ausencia justificada del abogado de uno de los acusados impidió que la diligencia se celebrara, y el tribunal optó por reprogramarla. La decisión, aunque comprensible desde el punto de vista procesal, prolonga la incertidumbre sobre el rumbo del caso.
La solicitud de prórroga fue formalizada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. El expediente está bajo la consideración del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, quien será el encargado de decidir si concede o rechaza el plazo adicional.
Cuatro meses más: lo que revela la solicitud del Ministerio Público
El Ministerio Público ha pedido un plazo adicional de cuatro meses para concluir y presentar la acusación formal contra los involucrados. Entre los imputados figura el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, señalado junto a otros acusados en relación con una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano. La magnitud del caso, que involucra fondos públicos destinados a la salud de miles de ciudadanos, explica en parte la complejidad que alega el órgano acusador para justificar más tiempo.
En procedimientos penales de esta naturaleza, la acusación formal es una pieza central: organiza los hechos imputados, las pruebas recopiladas y la responsabilidad atribuida a cada acusado. Sin ella, el proceso no puede avanzar de manera definitiva hacia las etapas siguientes. Que el Ministerio Público requiera cuatro meses adicionales sugiere que la investigación aún tiene frentes abiertos, ya sea por el volumen de evidencia o por la necesidad de consolidar los vínculos entre los imputados y los hechos denunciados.
Lo que está en juego el 4 de septiembre
La audiencia del próximo 4 de septiembre no es un trámite menor. El tribunal deberá escuchar los argumentos tanto del caso Senasa desde la perspectiva acusadora como las posibles objeciones de las defensas, que tienen margen para cuestionar si los plazos del proceso preparatorio se están extendiendo más allá de lo razonable. Este tipo de debate no es infrecuente en casos complejos de corrupción, donde la tensión entre la necesidad de investigar a fondo y el derecho de los imputados a un proceso sin dilaciones indebidas suele marcar el ritmo judicial.
La decisión del juez Peguero determinará si el Ministerio Público obtiene el tiempo que reclama para cerrar su investigación o si el tribunal impone un calendario más ajustado. En cualquier caso, la próxima audiencia marcará un punto de inflexión en un expediente que involucra recursos del sistema de salud pública y que ha mantenido a varios funcionarios bajo medidas de coerción mientras la acusación formal sigue pendiente.
- Fecha de la próxima audiencia: 4 de septiembre
- Prórroga solicitada: cuatro meses adicionales para presentar acusación formal
- Principal imputado: Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud
- Solicitantes: Wilson Camacho y Mirna Ortiz, del Ministerio Público
- Juez a cargo: Deiby Timoteo Peguero, Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
