By El exfiscal Aurelio Valdez Alcántara fue enviado a juicio de fondo este martes por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la justicia determinara que existen pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra. El magistrado Raymundo Mejía sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de un millón de pesos, pero mantuvo el cerco judicial con un impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. El caso forma parte de la Operación Cobra, la investigación por el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) que ha sacudido el sistema judicial dominicano.
Lo que acusa el Ministerio Público contra Aurelio Valdez
La acusación formal sostiene que Aurelio Valdez solicitó y recibió un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso SeNaSa, en un episodio que la fiscalía describe con precisión de fecha, lugar y actores. Según el expediente, el 27 de marzo de 2026, Valdez contactó a Roberto Canaán para coordinar un encuentro en el parqueo del Bella Vista Mall, donde se habría materializado la entrega del dinero.
La operación no pasó inadvertida. Tras el supuesto soborno, el exfiscal fue interceptado en las inmediaciones del centro comercial y trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se procedió a inspeccionar su vehículo. Durante la revisión, Valdez declaró tener únicamente un arma de fuego y una tableta institucional, aunque los agentes hallaron otros objetos relacionados con su posición dentro del Ministerio Público.
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, quien representó al Ministerio Público en la audiencia, argumentó que las pruebas reunidas son «robustas, útiles, relevantes y pertinentes» para sustentar no solo el cargo de soborno, sino también acusaciones por lavado de activos y otros delitos conexos. La solidez del expediente fue, precisamente, el argumento central que llevó al juez Mejía a validar el envío a juicio.
La defensa confía en revertir la medida
Frente a la contundencia del Ministerio Público, el abogado defensor Valentín Medrano adoptó una postura de cautela calculada. Medrano destacó que la sustitución de la prisión preventiva por una garantía económica representa un avance favorable para su cliente, y expresó confianza en que la medida será revisada en instancias superiores. «Recibirá la justicia que merece», afirmó el letrado, sin adelantar la estrategia que seguirá durante el juicio de fondo.
Las condiciones impuestas al exfiscal son, no obstante, restrictivas. Además de la garantía económica de un millón de pesos a través de una empresa aseguradora, Aurelio Valdez deberá cumplir con presentaciones periódicas ante las autoridades y tiene prohibido abandonar el territorio nacional. El juez Mejía fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos y en la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el proceso.
El trasfondo: Operación Cobra y el desfalco a SeNaSa
El caso no surge en el vacío. La Operación Cobra es una de las investigaciones de mayor envergadura que ha enfrentado el sistema de salud pública dominicano en años recientes, centrada en presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Seguro Nacional de Salud. La implicación de un fiscal en activo —alguien que, por definición, debía velar por la integridad del proceso— añade una capa de gravedad institucional que trasciende el expediente individual.
Que un funcionario del Ministerio Público haya sido acusado de sobornar a un testigo dentro de esa misma investigación plantea preguntas incómodas sobre los mecanismos de control interno. El juicio de fondo al que fue enviado Aurelio Valdez será, en ese sentido, mucho más que un proceso penal individual: será una prueba del alcance real de la justicia dominicana frente a la corrupción enquistada en sus propias estructuras.
