By La crisis institucional de Haití ha llegado a un punto en que el propio Gobierno ha optado por externalizar funciones soberanas: la vigilancia fronteriza con República Dominicana y la recaudación aduanera están siendo transferidas a empresas privadas extranjeras, incluidos contratistas militares. La Organización de las Naciones Unidas ya encendió las alarmas sobre las consecuencias que esta decisión puede tener para los derechos humanos y la integridad del Estado haitiano.
Los contratos que sacuden la soberanía haitiana
El acuerdo más llamativo involucra a Vectus Global, empresa vinculada a Erik Prince, exfundador de la controvertida firma de seguridad Blackwater. Según el informe S/2025/642 de la ONU, fechado el 14 de octubre de 2025, el Gobierno haitiano suscribió con Vectus Global un contrato de diez años orientado a recuperar territorios controlados por pandillas y restablecer el orden en zonas fronterizas. Como parte del acuerdo, la empresa recibirá un 10 % de los ingresos aduaneros adicionales generados por el comercio con República Dominicana, un esquema que mezcla seguridad con incentivos financieros directos.
Paralelamente, el Gobierno haitiano firmó un contrato de 542.6 millones de dólares con Evergreen Trading System Limited, entidad ligada a un consorcio con Alex Stewart International. Este acuerdo contempla la modernización de la vigilancia fronteriza, el control migratorio y la inspección aduanera mediante tecnología avanzada, incluyendo vigilancia satelital y despliegue de drones en puntos críticos fronterizos y puertos. El programa fue aprobado por la Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo en febrero de 2026.
La escala de ambos contratos revela hasta qué punto el Estado haitiano ha perdido capacidad operativa para gestionar sus propias fronteras, una situación que no tiene precedentes recientes en la región caribeña.
Lo que advierte la ONU sobre la vigilancia fronteriza en Haití
La Organización de las Naciones Unidas no se limitó a registrar los hechos: emitió una evaluación crítica sobre las implicaciones de estos acuerdos. En su informe S/2025/642, el organismo alertó sobre posibles repercusiones en tres áreas fundamentales:
- Derechos humanos, ante el riesgo de que contratistas privados operen sin los controles propios de las fuerzas estatales.
- Transparencia institucional, dado que parte de los contratos se firmaron sin notificación a figuras clave del propio Gobierno haitiano.
- Funciones esenciales del Estado, por la transferencia de competencias soberanas a empresas extranjeras con fines de lucro.
Este último punto resulta especialmente sensible. Fritz Alphonse Jean, excoordinador del Consejo Presidencial de Transición, declaró en una comunicación del 18 de agosto de 2025 que no fue notificado sobre el contrato de control fronterizo y recaudación fiscal, lo que evidencia fracturas internas en la propia estructura de gobierno haitiana.
El Grupo de Expertos sobre Haití, en su informe publicado el 8 de septiembre de 2026, fue aún más directo: constató una respuesta de seguridad fragmentada y señaló la dependencia del Gobierno de un contratista militar privado extranjero y fuerzas locales para enfrentar a las pandillas. Las organizaciones de la sociedad civil haitiana, por su parte, han expresado preocupaciones concretas sobre posibles violaciones de derechos humanos derivadas de esta arquitectura de seguridad privatizada.
El perfil de Erik Prince y el peso de Blackwater
La presencia de Erik Prince en este escenario no es casual ni inocua. Veterano de los Navy SEAL, Prince fundó Blackwater en 1997, empresa que ganó notoriedad mundial durante la guerra de Irak por una serie de controversias relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus operativos. Aunque Blackwater cambió de nombre y fue vendida, la figura de Prince sigue siendo referencia obligada cuando se habla de contratistas militares privados en zonas de conflicto.
Su apuesta por Haití a través de Vectus Global sigue el mismo modelo de negocio: ofrecer capacidad operativa donde el Estado no puede o no quiere actuar, a cambio de contratos de largo plazo con retribuciones ligadas al rendimiento. El porcentaje sobre ingresos aduaneros adicionales que recibirá Vectus Global convierte a la empresa en un actor con interés económico directo en el flujo comercial entre Haití y República Dominicana, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la gestión de la vigilancia fronteriza.
La combinación de inestabilidad política, presión de las pandillas y necesidad urgente de ingresos fiscales ha creado en Haití las condiciones perfectas para que este tipo de acuerdos prosperen. La pregunta que queda abierta, y que la ONU no ha respondido aún, es si esta externalización de la soberanía resolverá la crisis o profundizará la dependencia estructural del Estado haitiano frente a actores privados extranjeros.
