By En 2022, la República Dominicana enfrentó una de las crisis diplomáticas más tensas de los últimos años cuando Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, fue secuestrado por una banda criminal que exigía 250,000 dólares por su liberación. La respuesta del presidente Luis Abinader fue contundente y sin margen de negociación: movilizó fuerzas especiales a la frontera y fijó un ultimátum de 24 horas.
La decisión que nadie esperaba: “Ni 250 pesos”
Durante una entrevista en el programa La Agenda Semanal, Abinader reveló los detalles de aquella operación y la postura que adoptó desde el primer momento. “Nosotros no vamos a dar ni 250 pesos”, afirmó el mandatario, dejando claro que su gobierno no cedería ante extorsiones de grupos armados haitianos, independientemente del monto exigido. La frase, pronunciada en contraste directo con los 250,000 dólares demandados por los secuestradores, sintetiza una línea política que Abinader ha mantenido de forma consistente ante este tipo de crisis.
Ante la gravedad de la situación, el presidente se comunicó directamente con el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, para proponer una operación de rescate conjunta. La propuesta era clara: si en 24 horas el funcionario no era liberado, las fuerzas especiales dominicanas actuarían en territorio haitiano con la autorización formal del gobierno de Puerto Príncipe. Para ese momento, las autoridades dominicanas ya habían localizado a Guillén Tatis y los equipos estaban listos para intervenir.
El desenlace evitó que la operación se ejecutara. El consejero agrícola fue liberado antes de que venciera el plazo, lo que impidió que la intervención se materializara, aunque el mensaje político quedó grabado: la República Dominicana no negociaría con secuestradores.
Fuerzas especiales y rescates: el patrón de respuesta de Abinader ante Haití
El caso de Guillén Tatis no fue un episodio aislado. Abinader también recordó durante la entrevista otros incidentes previos que marcaron la relación entre ambos países en materia de seguridad. Entre ellos, el secuestro de dos trabajadores de una producción cinematográfica en 2021 y el caso de un conductor de autobús que fue liberado al revelarse su nacionalidad dominicana ante los captores.
Estos antecedentes configuran un patrón de respuesta que el gobierno dominicano ha consolidado frente a la creciente inseguridad en Haití: localización rápida, presión diplomática directa y movilización de fuerzas especiales como herramienta de disuasión. La negativa a pagar rescates no es solo una postura moral, sino una estrategia calculada para no convertirse en un blanco recurrente de las bandas armadas que operan en el país vecino.
- Secuestro de Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola dominicano — 2022
- Secuestro de dos trabajadores de producción cinematográfica — 2021
- Liberación de conductor de autobús al revelarse su nacionalidad dominicana
El contexto regional que reactiva el debate
Las declaraciones de Abinader se produjeron en el marco de su respaldo público al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien enfrenta una situación similar con cuatro ciudadanos salvadoreños retenidos en Haití. Al evocar su propia experiencia, el mandatario dominicano no solo ofreció solidaridad política, sino que posicionó su modelo de respuesta como una referencia para otros gobiernos de la región que lidian con la misma amenaza.
La crisis humanitaria y de seguridad en Haití ha escalado de forma sostenida en los últimos años, con bandas armadas que controlan amplias zonas del territorio y que han convertido el secuestro en una fuente sistemática de financiamiento. En ese escenario, la decisión de movilizar fuerzas especiales y rechazar cualquier pago de rescate representa tanto una señal hacia los grupos criminales como una declaración de principios hacia la comunidad internacional sobre cómo la República Dominicana gestiona su seguridad diplomática.
