By Al menos tres personas murieron el pasado 5 de mayo tras un bombardeo ejecutado por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico Oriental. La acción, confirmada oficialmente por el SOUTHCOM, se convierte en el segundo ataque de esta naturaleza registrado en una sola semana y agrega un nuevo capítulo a una campaña militar que acumula denuncias internacionales por ejecuciones extrajudiciales.
Lo que revela el segundo ataque del Comando Sur en una semana
Según el comunicado emitido por el SOUTHCOM, la embarcación atacada transitaba por rutas identificadas como corredores habituales del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Bajo las órdenes del general Francis Donovan, las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron lo que la institución denominó un “ataque cinético letal” contra la nave, a la que vincularon con grupos designados oficialmente como organizaciones terroristas. En el mismo mensaje difundido en redes sociales, el Comando Sur precisó que ningún integrante del personal militar estadounidense resultó herido durante la operación.
La descripción oficial no ofrece detalles sobre la identidad de las tres víctimas, su nacionalidad ni las circunstancias exactas del ataque. Lo que sí queda claro en el comunicado es la postura de Washington: los fallecidos son calificados como “narcoterroristas”, una categoría que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado de forma creciente para justificar acciones militares directas fuera de su territorio en el marco de su política antidrogas en las Américas.
La cifra que sacude: 190 muertos en la operación Lanza del Sur
Este nuevo episodio no ocurre en el vacío. Las tres muertes del Pacífico elevan a 190 el total de víctimas registradas en el marco de la operación Lanza del Sur, la campaña militar impulsada por Estados Unidos en la región con el objetivo declarado de desmantelar redes de narcotráfico. Desde su puesta en marcha, la operación ha generado una creciente controversia internacional: gobiernos de la región y organizaciones de derechos humanos han denunciado que varios de estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, al producirse sin proceso judicial previo ni verificación independiente de la culpabilidad de las víctimas.
Las críticas apuntan a una serie de elementos que se repiten en los distintos incidentes documentados:
- Ausencia de identificación pública de las víctimas antes o después de los ataques.
- Uso de la categoría “narcoterrorista” sin respaldo de un proceso judicial reconocido.
- Imposibilidad de verificación independiente de los hechos en alta mar.
- Falta de rendición de cuentas ante organismos internacionales de derechos humanos.
El patrón operativo del Comando Sur en estas acciones sigue una lógica de intervención directa que se ha intensificado en los últimos meses, con ataques que se suceden a ritmo acelerado y que las autoridades estadounidenses presentan como éxitos tácticos en la guerra contra las drogas. Sin embargo, la acumulación de 190 muertes en un período relativamente corto ha convertido a la operación Lanza del Sur en uno de los focos de mayor tensión diplomática entre Washington y varios países latinoamericanos.
El debate de fondo no es solo operativo sino jurídico: hasta qué punto puede un Estado ejecutar letalmente a personas en aguas internacionales, sin captura, sin juicio y sin posibilidad de defensa, amparándose en la designación unilateral de esas personas como terroristas. Es una pregunta que los 190 muertos de la operación Lanza del Sur colocan con urgencia renovada sobre la mesa.
