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Aumento de generales debilita reforma policial

Aumento de generales debilita reforma policial

La reforma policial en República Dominicana enfrenta una contradicción que nace desde adentro de la propia institución: mientras se impulsan proyectos de modernización, el número de generales activos en la Policía Nacional duplica el límite que fija la ley, socavando cualquier intento real de transformación estructural. Así lo advierte la experta en defensa y seguridad Josefina Reynoso, quien señala que este desequilibrio no es un detalle administrativo, sino una señal de que la reforma tiene los pies de barro.

El dato que lo cambia todo: 42 generales donde la ley permite 20

Desde 2018, la Policía Nacional ha registrado un incremento sostenido en su cuerpo de oficiales generales, llegando a 42 generales activos en la actualidad, una cifra que más que duplica el techo de 20 establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica 590-16. Reynoso fue directa al señalar la magnitud del problema en una entrevista con el periódico EL DÍA: «La ley es clara: no puede haber más de 20 generales. Sin embargo, hoy hay 50. Esto no corresponde a una necesidad operativa real, sino a una expansión del mando».

El dato resulta aún más revelador cuando se cruza con la estructura funcional de la institución: de todos los generales activos, solo 27 desempeñan funciones dentro del organigrama oficial. El resto ocupa plazas que no responden a ninguna necesidad operativa concreta, lo que convierte el exceso en un problema tanto legal como de eficiencia institucional.

Por qué este exceso sacude la cadena de mando

Más allá de la violación normativa, Reynoso advierte que el sobredimensionamiento del alto mando genera efectos concretos y perjudiciales en el funcionamiento diario de la Policía Nacional. Entre las consecuencias más graves identifica la distorsión de la cadena de mando, el debilitamiento de la disciplina institucional y una distribución inadecuada de los recursos disponibles. Cuando hay más jefes que funciones reales, la autoridad se fragmenta y la rendición de cuentas se diluye.

La especialista también apunta a la contradicción de fondo que esto representa para el proceso de reforma policial: «¿Cómo se puede hablar de reforma cuando se está incumpliendo la ley orgánica vigente? Por ahí debe comenzar cualquier transformación institucional», cuestionó. En otras palabras, no es posible construir una policía moderna sobre una estructura que ya viola sus propias reglas de origen.

  • Distorsión de la cadena de mando por exceso de oficiales superiores.
  • Debilitamiento de la disciplina institucional.
  • Distribución inadecuada de recursos humanos y presupuestarios.
  • Solo 27 de los generales activos tienen funciones asignadas en el organigrama.

Casi una década sin cumplir la ley: el historial de la reforma policial

La Ley 590-16, promulgada el 15 de julio de 2016, no solo fijó el límite de 20 generales, sino que también otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 24 meses para retirar de forma gradual a los oficiales excedentes. Para ello, contempló la asignación de RD$420 millones destinados a retirar a 31 generales de los 51 que estaban activos en ese momento. Casi diez años después, el objetivo central de esa norma sigue sin cumplirse.

Los movimientos más recientes tampoco apuntan a una corrección del problema. En febrero de 2025, se retiraron cinco generales, pero simultáneamente se ascendieron seis coroneles al rango de general, lo que resultó en un incremento neto de la cifra total. Este patrón ilustra cómo los retiros puntuales han sido compensados —o superados— por nuevos ascensos, impidiendo que el número descienda hacia el límite legal.

En diciembre de 2025, el Gobierno presentó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Modernización y Transformación de la Policía Nacional, que busca modificar precisamente la Ley 590-16. Sin embargo, para Reynoso, cualquier nueva legislación que no aborde primero el cumplimiento de las normas existentes corre el riesgo de repetir el mismo ciclo: leyes que se aprueban pero no se aplican. La reforma policial, en ese sentido, no es solo una cuestión de nuevas normas, sino de voluntad institucional para respetar las que ya existen.

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