By El Banco Central de la República Dominicana salió este jueves a defender públicamente su postura en un conflicto legal que lleva años acumulando tensión: el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral exige el pago de aproximadamente US$5 millones en concepto de indemnización, pero la entidad emisora advierte que la sentencia que respalda esa cifra no es definitiva y está siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia.
Lo que revela el comunicado del Banco Central
A través de un comunicado oficial, el Banco Central explicó que el origen del conflicto se remonta a un acuerdo firmado en agosto de 2004, mediante el cual el Estado dominicano transfirió al consorcio derechos sobre 5,000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera. El mecanismo utilizado fue una dación en pago, una figura jurídica empleada para saldar deudas con empresas que participaron en la ampliación de la Autopista Duarte.
Según la entidad, sus obligaciones contractuales fueron cumplidas en su totalidad: entregó un certificado de título al consorcio, lo que le permitió registrar la porción de terreno a su nombre. El contrato, según el Banco Central, establecía que las labores de deslinde y subdivisión del terreno eran responsabilidad exclusiva del consorcio, no de la institución emisora.
El problema surgió cuando otros contratistas realizaron trabajos en esa misma parcela. Ante esa situación, el consorcio demandó la nulidad de esos deslindes, pero el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró inadmisible la acción por falta de legitimación activa, decisión que fue confirmada en instancias posteriores. Ese rechazo judicial marcó el inicio de una escalada legal que no ha concluido.
Por qué el Banco Central se niega a pagar ahora
En junio de 2017, el consorcio inició una nueva acción judicial solicitando la rescisión del contrato de dación en pago y una indemnización por daños y perjuicios. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional falló a favor del consorcio, reconociendo la indemnización reclamada. Sin embargo, el Banco Central recurrió esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia, lo que, según la institución, impide que el fallo sea ejecutado como si fuera definitivo.
La entidad criticó con firmeza los intentos del consorcio de hacer efectivas las decisiones a través de embargos, argumentando que se está buscando cobrar una sentencia que todavía puede ser modificada o anulada por el máximo tribunal del país. Para el Banco Central, esa presión mediática y judicial resulta inapropiada mientras el caso permanece abierto.
Entre los elementos centrales de la defensa del Banco Central figuran los siguientes puntos:
- Entrega de certificado de título al consorcio como cumplimiento del acuerdo de 2004.
- Responsabilidad contractual del consorcio sobre el deslinde y subdivisión del terreno.
- Sentencia de la Corte de Apelación recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.
- Informe de verificación técnica de marzo de 2026 que confirma la propiedad del consorcio sobre los 5,000 metros cuadrados.
- Alegación de que dicho informe técnico no fue considerado por la Corte de Apelación al emitir su fallo.
La decisión que espera la Suprema Corte
El caso se encuentra ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia, que deberá determinar si el fallo de la Corte de Apelación se sostiene, se modifica o se anula. De esa resolución dependerá si el Banco Central queda obligado a desembolsar los aproximadamente US$5 millones reclamados por el consorcio o si la sentencia es revertida.
La institución expresó su confianza en que los tribunales valoren adecuadamente todos los hechos y pruebas presentadas durante el proceso, incluyendo el informe técnico que, según indica, fue ignorado en la instancia anterior. Mientras tanto, el Banco Central deja claro que no cederá ante presiones externas para ejecutar un pago sobre una sentencia que, a su juicio, aún no tiene carácter definitivo.
