By Nayib Bukele inicia 2026 como uno de los presidentes más populares de América Latina, pero también como uno de los más cuestionados. El mandatario salvadoreño llega a este año con índices de aprobación elevados, sostenidos por una política de seguridad que redujo los homicidios a niveles históricos, mientras enfrenta una presión creciente por presuntas violaciones a derechos humanos y una economía que se ha convertido en la principal preocupación de sus ciudadanos, por encima incluso de la violencia.
Por qué Bukele inicia 2026 con el viento a favor
El respaldo popular que acompaña a Bukele no es nuevo ni casual. Desde que asumió el poder en 2019, su gobierno ha registrado reducciones continuas en los índices de homicidios, un logro que la mayoría de los salvadoreños percibe como transformador. La cifra más reciente, 1,3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, representa un cambio radical respecto a los años en que El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo.
La estrategia detrás de ese resultado se conoce como Control Territorial, un modelo que combina presencia militar masiva, inteligencia policial y, desde 2022, un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Fue precisamente ese año cuando una ola de violencia extrema obligó a Bukele a declarar la emergencia, desencadenando una ofensiva que derivó en la detención de más de 92,000 personas. La percepción de seguridad que generó esa ofensiva consolidó su popularidad y la ha mantenido constante durante siete años de gobierno.
A ese capital político se suma una maniobra institucional que amplió su horizonte en el poder. El Congreso, dominado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que anticipó las elecciones presidenciales a 2027 y habilitó la reelección indefinida por períodos de seis años. Bukele no ha anunciado formalmente su candidatura, pero en 2025 declaró que preferiría no abandonar el cargo y que tomará la decisión según la voluntad de Dios, su familia y el país.
El costo humano que sacude su legado en seguridad
La otra cara del modelo de seguridad de Bukele es la que documentan las organizaciones humanitarias. De las más de 92,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, al menos 8,000 serían ciudadanos inocentes, según registros de grupos de derechos humanos. Esas mismas organizaciones han contabilizado más de 6,400 incidentes que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de abuso institucional.
La experta en derechos humanos Celia Medrano advierte que la represión política ha generado un efecto colateral silencioso: un aumento sostenido en el número de salvadoreños que solicitan asilo en el exterior, con destinos como España y Estados Unidos entre los más frecuentes. Para Medrano y otras organizaciones, el precio de la seguridad estadística ha sido el deterioro de las libertades fundamentales, una ecuación que el gobierno de Bukele no reconoce como tal.
- Más de 92,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción
- Al menos 8,000 ciudadanos inocentes identificados entre los detenidos
- Más de 6,400 incidentes de violaciones a derechos humanos documentados
- Aumento en solicitudes de asilo en España y Estados Unidos
Este escenario ha colocado a El Salvador en el centro del debate regional sobre los límites entre seguridad pública y garantías constitucionales, un debate que organismos internacionales y gobiernos aliados siguen con atención creciente.
La economía, el frente que Bukele no ha logrado controlar
Si la seguridad es el terreno donde Bukele construyó su popularidad, la economía es el frente donde esa popularidad muestra sus primeras grietas. Al inicio de su segundo mandato, el presidente se comprometió a sanar la economía salvadoreña, pero los datos actuales revelan una brecha entre la promesa y la realidad. Según el economista César Villalona, el crecimiento económico del país apenas ha superado el 2,8 % promedio en los últimos diez años, un ritmo insuficiente para transformar las condiciones de vida de la mayoría de los salvadoreños.
El indicador más revelador de esa fragilidad es el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1,400 millones de dólares. Para Villalona, ese acuerdo no es una señal de fortaleza sino de inestabilidad en las finanzas públicas, agravada por un incremento significativo de la deuda estatal acumulada durante la gestión de Bukele. La economía ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación de los salvadoreños, superando incluso a los temas de seguridad, lo que representa un giro significativo en el estado de ánimo de la población.
El contraste entre un presidente que domina las encuestas de popularidad y una ciudadanía que señala la economía como su mayor angustia define el momento político que vive El Salvador. Bukele inicia este nuevo año con más poder institucional que nunca, pero también con una agenda económica pendiente que podría redefinir su legado antes de que llegue 2027 y con él, la siguiente prueba electoral.
