By El Caso Lobo llega este lunes a una nueva encrucijada judicial. El juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, intentará dar inicio a la audiencia preliminar contra los acusados en una red de corrupción que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones a cambio de contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas dominicanas. No es la primera vez que se intenta: el pasado 6 de septiembre, el mismo juez había aplazado la apertura de esta etapa procesal, lo que convierte esta nueva convocatoria en un momento decisivo para el expediente.
Lo que revela el Caso Lobo: militares, empresas y sobornos en cadena
La acusación presentada por el Ministerio Público solicita el envío a juicio de fondo de los imputados y pone en el centro de la trama al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana. Junto a ellos, el expediente arrastra a un nutrido grupo de militares y miembros de cuerpos castrenses que, según la Procuraduría, recibían pagos para garantizar la adjudicación y permanencia de contratos con sus respectivas instituciones.
Entre los uniformados señalados figuran nombres con rango y responsabilidades institucionales de primer nivel:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército y exdirector de seguridad de EdeSur.
- Andrés Pacheco Varela, coronel y exencargado de seguridad de Edenorte Dominicana, S.A.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel y exdirector de seguridad de EdeEste.
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, coronel y exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
- Elías Caamaño Pérez, coronel y excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.
- Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército y exasistente del encargado de seguridad del Inaipi.
- Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional, integrante del Departamento de Seguridad de EdeEste.
La acusación también alcanza a varias empresas vinculadas a los imputados. A Quilvio Bienvenido Rodríguez se le asocian Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase) y El Niño Prodigio EIRL. A Bolívar Nicolás Fernández Espinal y a Miguelina Antonia Rosario Sánchez se les vincula con Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
La cifra que define el Caso Lobo: RD$108,080,359.92 en pagos documentados
El expediente elaborado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución establece con precisión contable que los sobornos ascienden a RD$108,080,359.92. No se trata de una estimación: la investigación rastreó transferencias bancarias y entregas en efectivo realizadas entre los años 2012 y 2025, un período que abarca dos administraciones gubernamentales distintas.
El hilo que destapó la trama provino de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que alertó sobre los pagos sistemáticos que la empresa Senase realizaba a funcionarios encargados de seguridad institucional. El mecanismo era consistente: quienes controlaban las decisiones de contratación en sus entidades recibían pagos a cambio de asegurar que los contratos se adjudicaran y se mantuvieran vigentes, convirtiendo la seguridad pública en un negocio privado de comisiones.
Con el Caso Lobo en la antesala del juicio de fondo, la audiencia preliminar de este lunes determinará si el juez Peguero considera que los elementos de prueba reunidos por el Ministerio Público son suficientes para llevar a los acusados ante un tribunal. La magnitud del expediente, la cantidad de imputados y el peso institucional de los cargos involucrados hacen de esta jornada uno de los momentos más relevantes del proceso anticorrupción en curso en el país.
