By Este jueves, a las 9:00 de la mañana, el magistrado Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional resolverá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados del caso Senasa. La audiencia concentra la atención sobre uno de los procesos penales más relevantes del país, vinculado a un presunto fraude de más de 15,900 millones de pesos al Estado dominicano.
El caso Senasa: lo que revela la acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que el grupo imputado formó parte de una red que defraudó al Estado durante los cinco años en que Hazim estuvo al frente de Senasa. Según el expediente acusatorio, el esquema operaba a través de un “comité operativo” paralelo que centralizaba decisiones estratégicas fuera de los canales institucionales, lo que permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los requisitos legales del sistema público de salud.
El órgano persecutor detalla que el fraude se ejecutó mediante múltiples mecanismos:
- Adulteración de documentos e introducción de reclamaciones falsas.
- Autorización de pagos mediante facturación simulada.
- Habilitación de prestadores de salud a cambio de pagos ilícitos.
- Uso de empresas de carpeta y triangulación bancaria para ocultar el origen de los fondos desviados.
Entre los hechos más graves señalados por la Procuraduría figuran el presunto sobrecosto en servicios médicos a pacientes oncológicos, con sesiones de radioterapia y quimioterapia infladas, así como procedimientos cardiovasculares como la colocación de stents coronarios sin justificación clínica. La magnitud del daño alegado convierte este expediente en uno de los casos de corrupción sanitaria de mayor envergadura en la historia reciente del país.
Siete imputados bajo prisión preventiva esperan la decisión del juez
El magistrado Peguero deberá deliberar sobre la situación procesal de los siguientes imputados, quienes actualmente cumplen prisión preventiva:
- Santiago Hazim — exdirector de Senasa.
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
Los primeros seis se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma Ubiera cumple su medida en el centro Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Otros tres involucrados en el caso —Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella— están bajo arresto domiciliario con impedimento de salida y presentación periódica, por lo que no les aplica la revisión de hoy, reservada por ley exclusivamente para quienes están privados de libertad en un centro penitenciario.
Lo que la ley exige y lo que la defensa intentará demostrar
El Código Procesal Penal dominicano establece la revisión obligatoria de la prisión preventiva cada tres meses. En esta audiencia, el juez deberá determinar si se mantienen válidos los fundamentos legales que justifican una prisión preventiva de 18 meses. La defensa tiene la oportunidad de presentar argumentos sobre cambios en las circunstancias que motivaron la coerción —como la reducción del riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación— con el objetivo de obtener condiciones más favorables para sus representados.
El Ministerio Público, por su parte, podrá sostener que las razones originales siguen siendo pertinentes y que la gravedad del caso Senasa justifica mantener las medidas vigentes. Un antecedente reciente pesa sobre la audiencia: el pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas para todos los implicados, al rechazar los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa como por la Fundación Primero Justicia. Ese precedente reduce el margen de maniobra de los abogados defensores, aunque no cierra la puerta a nuevos argumentos ante el juez de instrucción.
