By El presidente colombiano Abelardo de la Espriella puso fin oficialmente a las negociaciones de paz total con varios grupos armados ilegales, cerrando así el capítulo más ambicioso —y más cuestionado— de la política de seguridad heredada de su antecesor, Gustavo Petro. La decisión, formalizada mediante una serie de resoluciones emitidas el viernes por la noche y divulgadas el sábado, marca un giro radical en la estrategia del Estado colombiano frente al conflicto armado interno.
Lo que revelan las resoluciones que enterraron la paz total
A través de esas resoluciones, De la Espriella clausuró los contactos que Petro había establecido con distintas organizaciones bajo la figura de “espacios de conversación sociojurídica”. La nueva administración argumentó que le corresponde al Ejecutivo decidir “cómo, cuándo y con quiénes” se pueden llevar a cabo acercamientos orientados a la paz, según informó la agencia Efe.
Las resoluciones afectan directamente a las negociaciones con algunos de los actores armados más relevantes del país. Entre los grupos involucrados se encuentran:
- Estado Mayor Central (EMC): la principal disidencia de las antiguas FARC, que se separó de la guerrilla en 2024 tras negarse a continuar con los diálogos de paz.
- Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN): organización paramilitar con presencia en el norte del país.
- Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB): grupo respecto al cual el Gobierno señaló que diversos eventos habían socavado las negociaciones e impedido evidenciar una voluntad real de paz.
Como consecuencia directa de estas resoluciones, también se revocaron las credenciales de los negociadores del Gobierno y se retiró el reconocimiento previamente otorgado a los delegados de estas organizaciones para participar en el diálogo.
Por qué la paz total ya era un proyecto agotado antes de este cierre
La política de paz total, bandera central del gobierno de Petro, acumuló un historial de tropiezos que fue erosionando su credibilidad mucho antes de que De la Espriella asumiera el poder. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerados los más avanzados, tampoco lograron resultados tangibles, y la falta de compromisos verificables por parte de los grupos armados fue una constante que debilitó la posición negociadora del Estado.
La reacción desde el propio campo negociador no tardó en llegar. Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la CNEB, calificó la decisión de “acto innecesario”, argumentando que los representantes de ese grupo ya habían presentado su renuncia poco antes de que De la Espriella asumiera la Presidencia. La declaración revela las tensiones internas que rodearon el traspaso de poder y la fragilidad de los acuerdos alcanzados.
Antes de tomar posesión, el nuevo presidente había sido explícito sobre su postura: su gobierno no realizaría “ofertas generosas ni concesiones inaceptables” y consideraba que “la opción del diálogo está completamente agotada” con los grupos armados ilegales. Las resoluciones del fin de semana no fueron una sorpresa para quienes siguieron de cerca su campaña, sino la concreción de una promesa que definió su perfil político frente al electorado colombiano.
El legado que deja la paz total y los desafíos que vienen
El cierre formal de la paz total no resuelve por sí solo el problema estructural del conflicto armado en Colombia. Los grupos desmovilizados de los procesos fallidos siguen operando en los territorios, y la ausencia de una mesa de diálogo no equivale automáticamente a una estrategia de seguridad efectiva. La pregunta que queda abierta es qué herramienta sustituirá a la negociación como mecanismo de contención.
De la Espriella hereda un mapa de violencia complejo: el EMC controla corredores estratégicos en varias regiones, la ACSN mantiene influencia en zonas costeras del norte, y el ELN sigue siendo el actor armado con mayor capacidad de presión sobre comunidades rurales. La decisión de cerrar los canales de diálogo heredados puede interpretarse como un reposicionamiento político, pero también como el inicio de una etapa en la que el Estado colombiano deberá demostrar que tiene una respuesta distinta —y más eficaz— para un conflicto que lleva décadas sin resolverse.
