By Meta afronta desde hoy el mayor desafío legal de su historia. Un tribunal federal en Oakland, California, abre las puertas a un juicio histórico en el que 29 estados estadounidenses acusan a la empresa de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes. Las cifras en juego son tan colosales que la propia compañía las ha calificado de “descabelladas”: las sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares —equivalentes a 1,2 billones de euros—, una cantidad que roza el valor total de mercado de la empresa.
El juicio histórico que pone a Meta contra la pared
Los alegatos iniciales arrancaron este lunes ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien se espera que emita su veredicto en octubre, tras un proceso que se prevé se extienda alrededor de siete semanas. La selección del jurado ya se completó la semana pasada, y el caso llega a juicio después de que Meta fracasara en su intento de bloquear la demanda colectiva mediante un recurso previo.
La acusación no es nueva, pero su escala sí lo es. Este proceso se deriva de una demanda anterior presentada en Nuevo México, que concluyó con una orden de 567 millones de dólares —489 millones de euros— contra la compañía. Ahora, sin embargo, Meta se enfrenta simultáneamente a 29 estados, lo que multiplica exponencialmente tanto la presión jurídica como la exposición económica.
La empresa ha respondido argumentando que el cálculo de las multas es artificialmente inflado, ya que —según su defensa— duplica la cifra al contabilizar varias veces a los mismos menores de edad. Aun así, la magnitud del riesgo financiero es innegable: las sanciones potenciales representan casi la totalidad de su capitalización bursátil.
Lo que la acusación revela sobre el diseño de Facebook e Instagram
El núcleo de la demanda es contundente: los fiscales sostienen que Meta diseñó intencionalmente funciones como el desplazamiento infinito y las notificaciones constantes para maximizar el tiempo de uso entre los usuarios más jóvenes, sabiendo el impacto que estas mecánicas tendrían en su desarrollo. Entre los elementos que los estados señalan como herramientas de manipulación figuran:
- El desplazamiento infinito en Facebook e Instagram, concebido para eliminar cualquier punto de pausa natural.
- Las notificaciones constantes diseñadas para reactivar el uso compulsivo de las aplicaciones.
- La recopilación de datos de menores de 13 años, en posible violación de leyes federales de privacidad.
- Las garantías falsas a los padres sobre la seguridad de las plataformas, contradichas por investigaciones internas de la propia empresa.
Este último punto es especialmente sensible: la acusación alega que Meta conocía los riesgos que sus plataformas representaban para los menores y, pese a ello, aseguró públicamente a los padres que sus aplicaciones eran seguras. Si los fiscales logran probarlo, el daño reputacional podría superar incluso al económico.
Zuckerberg y Mosseri, en el estrado
El juicio tiene también una dimensión personal de alto voltaje. Se espera que tanto el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, como el jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaren durante el proceso. La presencia de ambos ejecutivos en el estrado convierte este caso en un escrutinio directo del liderazgo de la compañía y de las decisiones estratégicas que tomaron a lo largo de los años.
La defensa de Meta apunta a una grieta técnica en la acusación: argumenta que la “adicción a las redes sociales” no constituye un diagnóstico psiquiátrico reconocido, lo que podría dificultar que los fiscales demuestren un daño clínico directo y cuantificable. Sin embargo, los estados no necesitan probar adicción clínica para acreditar infracciones de protección al consumidor o de privacidad, los dos ejes legales sobre los que descansa la demanda.
Los cambios que Meta podría verse obligada a implementar
Más allá de las multas, el resultado de este juicio histórico podría rediseñar por completo la experiencia de uso de Facebook e Instagram para los menores. Entre las medidas que los estados podrían exigir se encuentran:
- Restricciones de edad más estrictas y verificables en el acceso a las plataformas.
- Límites de tiempo obligatorios para usuarios menores de edad.
- La eliminación del desplazamiento infinito en cuentas de adolescentes.
- La supresión de las notificaciones constantes dirigidas a menores.
No es la primera vez que Meta intenta anticiparse a la presión regulatoria. En abril de este año, Instagram introdujo nuevas protecciones de contenido específicas para cuentas de adolescentes, un movimiento que muchos analistas interpretaron como un gesto preventivo ante el avance de este proceso judicial. Sin embargo, para los 29 estados demandantes, esas medidas llegan tarde y resultan insuficientes frente a años de prácticas que, según alegan, pusieron el beneficio corporativo por encima del bienestar de los menores.
El juicio histórico que arranca hoy en Oakland no es solo un litigio sobre multas millonarias: es el primer gran examen judicial sobre si las plataformas digitales tienen responsabilidad legal por el daño psicológico que sus algoritmos causan en las generaciones más jóvenes. La respuesta que dé la jueza Gonzalez Rogers en octubre podría sentar un precedente que redefina las reglas del juego para toda la industria tecnológica.
