By Edesur Dominicana emitió un comunicado oficial para responder a las denuncias de Kania Esther Jones Guzmán, propietaria de Makarios Postres, quien cuestionó públicamente los cobros de energía eléctrica aplicados a su negocio durante un período en que el servicio figuraba formalmente como suspendido. La disputa expone una de las tensiones más frecuentes entre distribuidoras eléctricas y pequeños empresarios: qué ocurre cuando el medidor registra consumo y la factura no llega.
Lo que revela el comunicado de Edesur sobre el consumo acumulado
Según la distribuidora, la localización comercial de Kania Jones acumuló un consumo de 11,252 kWh durante los 18 meses en que el servicio estuvo registrado como cortado. Ese volumen de energía equivale a RD$148,038.12, una cifra que nunca fue cobrada porque el sistema no generaba facturas activas para un contrato en estado de suspensión. El resultado fue una deuda silenciosa que creció mes a mes sin que la propietaria recibiera ninguna notificación formal.
Antes de que Jones presentara un reclamo oficial, Edesur realizó un ajuste sobre la factura inicial y la redujo a RD$16,830.18, correspondiente únicamente a un período de 90 días. La empresa no explicó con detalle el criterio técnico utilizado para seleccionar ese tramo específico como base del cobro ajustado, lo que alimentó las dudas de la empresaria sobre la transparencia del proceso.
Por qué la versión de Kania Jones sacude el argumento de la distribuidora
La propietaria de Makarios Postres no aceptó la explicación sin cuestionarla. Jones planteó una pregunta directa que la distribuidora no respondió con igual claridad: si su negocio operaba de forma irregular —consumiendo energía con el servicio formalmente suspendido—, ¿por qué Edesur no la notificó ni tomó medidas durante esos 18 meses? La ausencia de una respuesta concreta a ese punto es, para Jones, la prueba de que el sistema falló antes de que ella pudiera actuar.
La empresaria también señaló que los cobros desproporcionados afectaron directamente la sostenibilidad financiera de su negocio. Para una pequeña empresa del sector de repostería, una deuda acumulada de esa magnitud —incluso en su versión ajustada— representa un impacto que va más allá de una factura: compromete la planificación, el flujo de caja y la confianza en el proveedor del servicio.
- Consumo acumulado sin cobro: 11,252 kWh
- Monto total equivalente: RD$148,038.12
- Factura ajustada por Edesur: RD$16,830.18 (90 días)
- Promedio mensual entre mayo y agosto de 2026: aproximadamente RD$4,592
- Período sin notificación formal: 18 meses
El dato que cambia la lectura del caso
Entre mayo y agosto de 2026, el consumo mensual del local se estabilizó en torno a RD$4,592, según informó la propia Edesur. Ese dato es relevante porque permite comparar: si ese es el consumo real del negocio en operación normal, la deuda acumulada durante 18 meses de supuesta suspensión equivale a más de 32 meses de facturación ordinaria. La proporción genera preguntas legítimas sobre cómo fue posible que el sistema no activara ninguna alerta durante ese tiempo.
El caso de Kania Jones no es un episodio aislado. Refleja un problema estructural en la gestión de contratos suspendidos dentro del sistema eléctrico dominicano: la desconexión entre el estado administrativo de un servicio y la realidad física del medidor. Cuando esa brecha no se cierra a tiempo, el costo lo termina asumiendo el usuario, no la distribuidora. Para conocer más sobre los derechos de los usuarios eléctricos y los mecanismos de reclamo disponibles, puede consultarse la información oficial de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
