
Por Rosa Paccagnella Capuzzo | Abogada Criminóloga
Un niño puede ser captado sin salir de casa. Puede estar en su habitación, con el teléfono en la mano, mientras alguien que su familia desconoce se gana su confianza. A su alrededor todo parece transcurrir con normalidad: sigue asistiendo a clases, comparte con los suyos y cumple su rutina. El peligro no siempre comienza con una amenaza ni con una cita clandestina. A veces empieza con una conversación que un adulto convierte, poco a poco, en un secreto.
Nos hemos acostumbrado a pensar en la protección de los menores como una cuestión de lugares seguros e inseguros: la calle, la escuela, el camino de regreso a casa. Pero hoy también tenemos que preguntarnos quién entra en sus vidas a través de una pantalla. Una persona puede establecer contacto desde otra ciudad, ocultar su identidad y conocer aspectos íntimos de un niño sin haberlo visto jamás. Que no exista contacto físico no significa que no pueda existir daño.
A ese acercamiento deliberado, dirigido a preparar a un niño, niña o adolescente para el abuso sexual, lo conocemos como grooming. El agresor puede hacerse pasar por alguien de su edad, compartir intereses, ofrecer regalos o mostrarse comprensivo ante problemas familiares. Primero escucha. Después pide discreción, propone conversaciones privadas o comienza a introducir temas sexuales. Lo inquietante es que el menor puede interpretar esa atención como cariño o amistad cuando, en realidad, alguien está aprovechando su confianza.
El proceso merece una mirada criminológica porque no basta con examinar la última fotografía, el mensaje amenazante o el eventual encuentro. Hay que comprender cómo se construyó esa relación de dependencia. En mi investigación de maestría sobre el uso de la tecnología en los abusos y la explotación sexual de menores de edad en República Dominicana abordé precisamente la importancia de estos mecanismos de acercamiento. La captación puede avanzar sin violencia visible y, por eso mismo, pasar inadvertida para quienes rodean a la víctima.
La sexualización de una conversación con un niño, niña o adolescente no debe subestimarse. Puede formar parte de un proceso de manipulación que derive en abuso, coacción o explotación sexual. El agresor puede solicitar imágenes íntimas, presionar para realizar actos sexuales ante una cámara o exigir nuevos contenidos bajo la amenaza de divulgar los anteriores. Esa forma de chantaje, conocida como sextorsión, convierte el miedo y la vergüenza en instrumentos de control. La pantalla no vuelve menos real la agresión; en ocasiones, solo la hace menos visible.
Conviene distinguir las conductas. El grooming describe el proceso de captación y preparación; el abuso y la explotación sexual pueden manifestarse de distintas maneras, según los hechos y la finalidad perseguida. Una imagen íntima obtenida mediante manipulación puede ser utilizada para amenazar, circular entre terceros o mantener sometida a la víctima. Y cuando ese material se difunde, el daño puede continuar mucho después de que haya terminado el contacto con el agresor. La responsabilidad no recae en el menor por haber confiado, respondido o enviado una imagen.
La trata de personas exige otra precisión. No es sinónimo de grooming, pero la captación digital puede convertirse en una vía hacia la trata cuando se realiza con fines de explotación. Una supuesta oportunidad de trabajo, una propuesta artística o una relación afectiva pueden ser utilizadas para atraer a un adolescente. La trata no exige necesariamente cruzar una frontera ni que el menor desaparezca de su entorno. La Ley núm. 137-03, con sus modificaciones, reconoce la captación entre las conductas relevantes y, tratándose de niños, niñas y adolescentes, no exige probar fuerza, amenaza o engaño cuando concurren los demás elementos del delito. Tampoco todo caso de grooming constituye automáticamente trata.
El derecho dominicano cuenta con herramientas para responder a estas conductas. La Ley núm. 53-07 contempla delitos sexuales cometidos mediante sistemas de información y conductas relacionadas con imágenes de abuso sexual de menores. El Código Penal instituido por la Ley núm. 74-25, modificado por la Ley núm. 44-26, también aborda el acoso, las agresiones y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y debe examinarse conjuntamente con las leyes especiales aplicables. La calificación jurídica no depende de una etiqueta: exige establecer qué hizo el responsable, con qué finalidad y cuáles fueron las circunstancias de la víctima.
Ahora bien, tener normas penales no resuelve por sí solo el problema. ¿De qué sirve reconocer la gravedad de estas conductas si actuamos únicamente cuando el daño ya se ha extendido? Investigar a tiempo requiere personal capacitado, preservación adecuada de la evidencia digital y coordinación entre las instituciones llamadas a proteger a la niñez. También exige evitar que cada denuncia se convierta en un nuevo recorrido de preguntas, exposición y sufrimiento para la víctima.
En el ámbito familiar existe una decisión que puede cambiarlo todo: escuchar antes de reprochar. Preguntar «¿por qué le respondiste?» o «¿por qué enviaste esa foto?» puede cerrar la puerta a una revelación que tomó mucho valor hacer. Ningún niño debería sentir que pedir ayuda le costará una humillación o un castigo. Los controles parentales son útiles, pero no reemplazan la conversación frecuente sobre privacidad, secretos impuestos por adultos, perfiles falsos, regalos inexplicables y peticiones de imágenes.
Si se sospecha que existe captación o abuso, lo prudente es proteger al menor, conservar los datos visibles del contacto y acudir al Ministerio Público para denunciar y solicitar orientación. No corresponde a la familia hacerse pasar por el niño, confrontar al sospechoso ni difundir material íntimo con la intención de «advertir» a otros. La información debe llegar por canales seguros a quienes pueden investigar y preservar la evidencia. Las escuelas, las plataformas digitales y las autoridades también tienen deberes concretos: la protección no puede descansar únicamente en la vigilancia familiar.
No pretendo que se mire con sospecha cada conversación en internet ni que se prive a los menores de los beneficios de la tecnología. Lo que debemos cuestionar es la tranquilidad con que seguimos confundiendo estar en casa con estar fuera de peligro. Si un niño cuenta que alguien lo engañó, nuestra primera pregunta no debería ser por qué confió. Debería ser qué vamos a hacer para protegerlo y cómo impedir que esa confianza vuelva a utilizarse para hacerle daño.


