By La expulsión silenciosa de nueve diplomáticos cubanos de República Dominicana tiene una explicación que el Gobierno dominicano no ha dicho en voz alta, pero que fuentes de alto nivel confirmaron a EL DÍA: algunos de esos funcionarios habrían estado realizando labores de inteligencia y seguridad del Estado cubano desde su posición en la misión diplomática, una actividad que contradice directamente las funciones reconocidas por el derecho internacional.
Lo que revelan las fuentes sobre los diplomáticos cubanos
Las autoridades dominicanas determinaron que ciertos miembros de la misión cubana llevaban a cabo actividades vinculadas a los servicios de inteligencia de La Habana, según confirmaron fuentes consultadas por este medio. Esa conclusión fue la que detonó la solicitud formal de retiro, un mecanismo distinto —y deliberadamente menos confrontacional— que la declaración de persona non grata.
La distinción no es menor. Bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Estado receptor tiene dos vías para exigir la salida de un funcionario extranjero: la declaración de persona non grata, que es la opción más severa y pública, o la solicitud de retiro por canales diplomáticos, que permite resolver el conflicto con mayor discreción. Santo Domingo eligió la segunda. Las mismas fuentes aclararon que no se emitió ninguna declaración formal de persona non grata, lo que indica una voluntad explícita de no escalar el incidente.
Por qué esta decisión no rompe las relaciones con Cuba
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) fue cuidadoso en su comunicado del miércoles: anunció la solicitud de retiro de los nueve funcionarios y sus familiares, con un plazo de siete días para abandonar el país, pero no ofreció razones específicas. La Cancillería subrayó que la medida se fundamenta en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y que se llevará a cabo “con la debida discreción, por los canales diplomáticos establecidos, para preservar las relaciones bilaterales”.
Las fuentes consultadas fueron enfáticas en un punto: esta decisión no implica un deterioro en los vínculos entre República Dominicana y Cuba. La misión cubana continuará operando en Santo Domingo con el resto de su personal acreditado, y ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas activas. Se trata, en términos técnicos, de una medida de seguridad nacional, no de una ruptura.
La coincidencia que no es casualidad, pero tampoco conexión
El momento en que se produjo la solicitud de retiro generó especulaciones inevitables. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluyeron en las mismas fechas en que se conoció la medida, y cuatro atletas cubanos decidieron no regresar a su país tras la competencia. La coincidencia cronológica alimentó versiones que vinculaban ambos hechos.
Sin embargo, las fuentes fueron categóricas al desestimar cualquier relación entre los dos eventos:
- La solicitud de retiro de los diplomáticos cubanos responde a un proceso de inteligencia y seguridad nacional independiente.
- La permanencia de los cuatro atletas en territorio dominicano obedece a decisiones personales ajenas a la gestión diplomática.
- Ambos hechos ocurrieron de forma simultánea por razones distintas, sin coordinación ni vínculo causal entre sí.
“Se trata de una simple coincidencia cronológica. La decisión sobre los diplomáticos responde a un proceso distinto y no está relacionada con los atletas que permanecieron en el país después de los Juegos”, precisó una de las fuentes consultadas.
Cuba no ha respondido y el MIREX guarda silencio sobre los detalles
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno cubano no había emitido ninguna reacción oficial sobre las razones que motivaron la solicitud de retiro de sus diplomáticos cubanos en Santo Domingo. El silencio de La Habana, en este contexto, es coherente con la naturaleza discreta del mecanismo elegido por República Dominicana: una salida negociada por canales reservados, sin declaraciones públicas que obliguen a ninguna de las partes a tomar posiciones formales.
El MIREX, por su parte, tampoco ha profundizado en los motivos concretos de la medida más allá de invocar el marco jurídico internacional. Lo que sí queda claro, según las fuentes de alto nivel que habló con EL DÍA, es que la decisión dominicana no fue improvisada: fue el resultado de un proceso de verificación que concluyó que ciertas actividades dentro de la misión cubana excedían los límites de lo que el derecho internacional permite a una representación diplomática.
