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Médicos del caso SeNaSa 2.0 devolvían 40%-60% de pagos

Médicos del caso SeNaSa 2.0 devolvían 40%-60% de pagos

El Ministerio Público ha destapado un entramado de corrupción dentro del sistema de salud dominicano que sacude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa): médicos implicados en el caso SeNaSa 2.0-A no solo generaban reclamaciones falsas por servicios nunca prestados, sino que luego devolvían entre un 40 % y un 60 % de los pagos recibidos a familiares del imputado principal y a exempleados de la institución. El esquema, que abarca desde 2020 hasta 2025, habría drenado más de RD$27 millones del patrimonio estatal.

Lo que revelan las auditorías del caso SeNaSa 2.0-A

Las investigaciones del Ministerio Público muestran cómo los involucrados utilizaron información y datos personales de afiliados para fabricar reclamaciones médicas por servicios que jamás fueron autorizados ni ejecutados. Las auditorías a los procedimientos presentados por los profesionales de la salud implicados detectaron un aumento injustificado y sostenido en el volumen de reclamaciones, una señal de alerta que terminó por destapar toda la operación.

Los elementos probatorios indican que los miembros de esta presunta organización criminal no actuaban de forma aislada: se adjudicaron roles específicos y coordinaron la repartición de las ganancias ilícitas con una estructura que incluía falsificación de documentos públicos y privados. Una vez que SeNaSa procesaba los pagos a los médicos, el dinero regresaba al circuito ilegal mediante transferencias bancarias o efectivo, con destino a familiares del imputado Ángel Luis Guzmán, quien actualmente se encuentra en prisión, y a exempleados de la propia institución.

Lo que hace aún más revelador el expediente es la naturaleza de los conceptos usados en esas transacciones: las transferencias se realizaban frecuentemente sin justificación alguna o bajo descripciones engañosas como “pago a san de madre” o “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, frases que, lejos de disimular el origen del dinero, terminaron convirtiéndose en evidencia directa para los investigadores.

Las cifras que exponen la magnitud del fraude

El rastro financiero documentado por las autoridades es contundente. Entre los montos individualizados por la investigación destacan los siguientes:

  • Las transferencias enviadas por Adriano entre 2023 y 2025 al imputado suman RD$2,385,322.00.
  • Las transferencias de Edwin durante 2024 ascienden a RD$977,407.00.
  • Una doctora depositó un total de RD$278,633.00 entre 2022 y 2024, además de un depósito adicional de RD$269,757.00 y una transferencia de RD$506,960.00 en 2024.
  • En la cuenta compartida con Ángel Luis Guzmán se registran depósitos entre 2022 y 2024 por RD$753,488.00, provenientes también de una doctora.

En conjunto, entre 2020 y 2025, el imputado principal recibió transferencias por un valor total de RD$27,377,401.49. Los mayores ordenantes identificados son Adonay, Adriano, Griselda y Edwin, nombres que ahora forman parte del núcleo de la investigación que el Ministerio Público continúa ampliando para determinar el alcance completo de las responsabilidades penales.

Un esquema que pone en jaque la integridad del sistema de salud

Más allá de las cifras, el caso SeNaSa 2.0-A expone una vulnerabilidad estructural en los mecanismos de control del sistema de salud dominicano. Que médicos habilitados para operar dentro del seguro público hayan podido generar reclamaciones ficticias de forma sostenida durante años —y luego redistribuir esos fondos con relativa impunidad— plantea preguntas urgentes sobre los protocolos de auditoría interna y los sistemas de detección de fraude de SeNaSa.

La investigación, que sigue activa, apunta a que el entramado no fue obra de actores solitarios, sino de una red coordinada con acceso privilegiado a información sensible de los afiliados. Las autoridades analizan en detalle cada transacción para establecer responsabilidades individuales y determinar si existen otros participantes aún no identificados dentro del esquema. El caso SeNaSa 2.0-A se perfila, por su alcance y sofisticación, como uno de los procesos por fraude al sistema de salud más significativos de los últimos años en el país.

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