By Una auditoría ONAPI realizada por la Contraloría General de la República ha destapado un cuadro de presuntas irregularidades financieras en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial que abarca desde banquetes y catering hasta pagos de incentivos prohibidos por ley. El período auditado comprende desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2024, y los hallazgos apuntan a un manejo sistemáticamente deficiente de los fondos públicos en múltiples áreas de la institución.
La cifra que lo revela todo: casi RD$3 millones en banquetes
El dato más llamativo del informe es el que concentra mayor atención pública: la ONAPI habría destinado RD$2,947,000 en servicios de banquete y catering mediante un esquema de fraccionamiento de compras. Según la auditoría, esta práctica habría permitido evadir el procedimiento de comparación de precios establecido por la normativa de contrataciones públicas, al dividir artificialmente los montos para mantenerse por debajo del umbral legal que obliga a procesos más rigurosos.
El fraccionamiento de compras es una de las irregularidades más perseguidas por los organismos de control del Estado dominicano, precisamente porque permite disfrazar gastos elevados como adquisiciones menores y eludir los controles de transparencia. Que esta práctica se haya detectado en una entidad del Estado no solo compromete la legalidad de esos desembolsos, sino que plantea preguntas sobre la supervisión interna que existía durante ese período.
Lo que revela la auditoría ONAPI más allá del catering
Las irregularidades documentadas por la Contraloría no se limitan a los gastos en alimentación. El informe identifica al menos cuatro áreas críticas con hallazgos que, en conjunto, suman decenas de millones de pesos en operaciones cuestionadas:
- Adquisiciones con proveedor único: 21 procesos de compras menores por un total de RD$13,295,227 fueron adjudicados a un solo proveedor, violando la normativa que exige invitar a un mínimo de tres oferentes.
- Consultoría sin resultados: 15 procesos de compras menores por RD$15,266,944 en servicios de asesoría y consultoría no produjeron los resultados esperados según las fichas técnicas aprobadas.
- Pagos de incentivos ilegales: Empleados con cargo de asesores recibieron pagos de incentivos y extraordinarios por RD$6,235,307.70, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Regulación Salarial.
- Cargos no autorizados: 80 posiciones en la institución no cuentan con la aprobación del Ministerio de Administración Pública.
A esto se suman disparidades salariales documentadas: 59 empleados cobran por debajo de lo establecido en la escala oficial, mientras que 27 perciben salarios superiores al techo autorizado. La coexistencia de ambas situaciones en una misma entidad sugiere una gestión de nómina que operó al margen de los parámetros legales durante años.
Combustible, seguridad social y la falta de controles internos
El informe de la Contraloría también detectó inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de seguridad social, aunque sin detallar montos específicos en ese apartado. En materia de beneficios marginales, se identificó que siete empleados recibieron asignaciones de combustible que superaban el 10% de su salario mensual, límite establecido por la normativa vigente.
Este último hallazgo, aunque menor en términos monetarios frente a los anteriores, ilustra un problema estructural: la ausencia de controles internos efectivos que hubieran detectado y corregido estas desviaciones antes de que acumularan años de ejecución. Una institución con mecanismos de auditoría interna funcionales difícilmente habría permitido que 80 cargos no autorizados operaran durante un período de más de cuatro años.
La Contraloría General de la República realizó esta auditoría en el marco de los esfuerzos del Estado dominicano por fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. Los resultados de la auditoría ONAPI se convierten así en un caso de referencia sobre la importancia de los controles externos cuando los internos fallan, y sobre el costo real que tiene para el erario la acumulación de irregularidades no detectadas a tiempo.
